Anteayer, la jueza salteña señora María Carolina Cáceres Moreno, titular del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tercera Nominación de la ciudad de Salta, ha convertido en definitivas (aunque, tratándose de la Iglesia, se podría decir que más que definitivas son «eternas») las medidas provisionales que en su día había adoptado contra el Arzobispo de Salta, Mario Antonio Cargnello, contra el obispo emérito Martín de Elizalde y contra los curas Lucio Ajaya y Loyola Pinto y de Sancristóval.
Los cuatro fantásticos deben, además, presentarle a la jueza, todos los meses -durante seis meses- un certificado que acredite que el tratamiento psicológico marcha viento en popa, bajo apercibimiento de desobediencia judicial.
En realidad, la jueza debería haberlos amenazado con las llamas eternas del infierno en caso de incumplimiento, puesto que es bastante dudoso que, al menos en el caso del Arzobispo, alguien pueda imputarle un delito como el de desobediencia judicial sin violar el Concordato con la Santa Sede.
Pero lo que no está muy claro es quién será la psicóloga o el psicólogo del Poder Judicial que se anime a lavarle el cerebro al Arzobispo, para que, al cabo del tratamiento, el prelado empiece a respetar a las mujeres. ¿Podrá luego ese o esa profesional entrar tranquilamente a la Catedral a hacer la Novena? ¿Podrá contarle alguna vez sus pecados al canónigo penitenciario y recabar de él la absolución? Y no digamos ya lo que hará el cura Pinto y Sancristóval si la psicóloga le presenta un expediente de nulidad matrimonial.
Tampoco se sabe muy bien qué podría ocurrir si a nuestro pastor de almas no le cunde el tratamiento y sale del mismo más enfurecido que antes contra las monjas carmelitas, que, por debajo de la piedad que portan, ocultan un carácter bastante fuerte, por lo que se ve.
Quizá lo que secretamente anhela la jueza Cáceres Moreno es que, después de que los curas atraviesen la trituradora psicológica de género, el Arzobispo, emocionado por la intrínseca justicia de la «perspectiva», acepte de una buena vez que las mujeres puedan decir misa y administrar la Eucaristía.
«Por la ropa no hay problema. Yo puedo prestarle mis faldones», habría dicho el Arzobispo a un confidente judicial, a quien confesó: «La pilcha de Adviento me tira un poco de sisa».
Por el momento, no se sabe muy bien cuál será la suerte de la decisión de la señora Cáceres Moreno, habida cuenta de que ya en una ocasión intentó sin mucha suerte que digamos -intimación mediante y amenaza de desobediencia judicial incluida- que el presidente de la Cámara de Diputados de Salta (que no tiene ni la menor facultad para ello) sancionara a un diputado provincial por ciertas expresiones machistas.
En otra ocasión, la misma jueza «instó» a una presunta víctima de violencia de género a que continúe obligatoriamente los trámites judiciales de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal.
En consecuencia, es de esperar que en algún momento Cáceres Moreno intime a las monjas del San Bernardo a desconocer la autoridad eclesiástica del Arzobispo y a que el Carmelo de la calle Santa Fe se «divorcie» de la jerarquía machista, patriarcal y misógina que representan Cargnello, Elizalde, Ajaya y Pinto.
¡Ah! ¿que no sabía Cáceres Moreno que la Iglesia Católica es patriarcal desde hace más o menos unos dos mil años?
Habrá que perdonarla, porque no ha sabido lo que ha hecho al condenar a su Arzobispo a la perspectiva de género.
