El Procurador General de la Provincia de Salta, señor Pedro García CastiellaGustavo Federico Palmieri y Natalia Gabellini.
Durante el encuentro, se dialogó sobre la infraestructura penitenciaria, la mejora de la atención a las personas privadas de libertad y la capacitación continua del personal penitenciario en derechos humanos, con el propósito de consolidar un sistema penitenciario respetuoso de la dignidad humana y alineado con los estándares nacionales e internacionales.
Además, se ponderó el reciente juicio llevado adelante contra personal del Servicio Penitenciario, que culminó con una condena ejemplar para 17 acusados, con penas que oscilan entre 1 y 10 años y 6 meses de prisión. El proceso judicial permitió acreditar la existencia de una organización jerárquica dedicada a la comercialización de estupefacientes y las exacciones ilegales dentro del penal, en perjuicio de personas privadas de libertad.
Asimismo, los representantes del Comité manifestaron un especial interés en el Programa de Intervención con Hombres en Condena por Violencia Contra la Pareja, impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Salta, destacando su carácter innovador y su impacto positivo en la prevención de la violencia de género. En este sentido, expresaron su voluntad de promover la implementación de iniciativas similares en otros lugares del país, como modelo de intervención orientado a la reeducación, la construcción de vínculos saludables y la reducción de la reincidencia.
Finalmente, se abordaron cuestiones vinculadas a la futura implementación del nuevo Código Procesal Penal y la introducción de herramientas procesales destinadas a modificar sustancialmente el análisis de medidas cautelares y beneficios carcelarios, otorgando un mayor dinamismo y evitando la prolongación innecesaria de la detención de aquellas personas que no requieren encarcelamiento preventivo.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, creado por la ley nacional n.º 26.827, funciona desde 2017 como órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Su misión es la de supervisar sin previo aviso los lugares donde se encuentran personas privadas de libertad, recabando información directa mediante entrevistas confidenciales, en cumplimiento de los principios del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, aprobado por la República Argentina.
