El Tribunal Superior londinense debe decidir si revocar o confirmar el fallo emitido en junio del año pasado por el juez Jonathan Swift, quien le denegó al fundador de WikiLeaks la posibilidad de seguir recurriendo en Reino Unido. Si finalmente los dos jueces fallan en su contra, habrá agotado todas las opciones del país para impugnar la extradición y la única vía que le quedaría sería el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría ordenar a Londres que no siga adelante con la extradición. Si eso falla, Assange podría ser enviado a Estados Unidos en pocos días, donde podría enfrentarse a 175 años de prisión.
La semana pasada, The Wall Street Journal aseguró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se estaría planteando retirar los 18 cargos actuales bajo la Ley de Espionaje, si Assange se declara culpable de manejar mal documentos clasificados, un delito menor. Si el australiano se declara culpable y testifica de forma remota desde la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la que se encuentra, probablemente quedaría libre poco después, ya que son ya más de cinco años los que lleva bajo custodia en Reino Unido. Pero sus abogados, que defienden que este es un juicio contra la libertad de expresión y el periodismo, aseguran que no han recibido ninguna notificación.
La extradición de Assange sería políticamente difícil para la Administración Joe Biden, especialmente en un año electoral. La anterior Administración demócrata, bajo Barack Obama, finalmente decidió no acusar a Assange por temor a que hacerlo infringiera los derechos de la Primera Enmienda que garantizan la libertad de prensa.
En 2019, la Administración Donald Trump siguió adelante con la presentación de cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917, buscando diferenciar el periodismo convencional de las acciones de Assange, que proporcionaron una plataforma para la publicación de documentos secretos filtrados y que los fiscales alegan que él sabía que pondrían vidas en peligro.
En una audiencia sobre el permiso de Assange para apelar en febrero, sus abogados defensores argumentaron que podría ser objeto de las agencias estatales estadounidenses para "eliminar ataques extralegales" si fuera extraditado, particularmente dada "la posibilidad real de un regreso de una Administración Trump".
La batalla del australiano es una maraña legal sumamente compleja. En 2006, Assange fundó el sitio web WikiLeaks y publicó una gran cantidad de documentos que exponían escándalos como la corrupción en Kenia, los disturbios tibetanos en China y los ataques con aviones no tripulados en Yemen. Cuatro años después, publicó más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en relación con el asesinato de civiles en Afganistán e Irak.
Tras ser detenido inicialmente en 2010 por un caso iniciado en Suecia de supuesto acoso sexual, buscó refugio en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo encerrado de 2012 a 2019. Pero, cuando este caso fue archivado, fue arrestado de nuevo en abril de 2019 a instancias de Estados Unidos, donde podría enfrentarse a 175 años de prisión.
