Vega ha expuesto en su escrito de recurso los mismos argumentos con los que se opuso durante la audiencia en la que Martoccia decidió la situación procesal de los imputados Jesús Alfredo Ortega y Sebastián Eduardo Reinaga.
El fiscal también cuestionó que la medida haya sido concedida antes de contar con la evaluación de la Unidad de Arresto Domiciliario y Monitoreo Electrónico, organismo que informó dificultades operativas para realizar controles en la zona fronteriza.
Entre los fundamentos de la oposición, Vega sostuvo que persisten los riesgos procesales que justificaron la prisión preventiva oportunamente solicitada, especialmente el peligro de entorpecimiento de la investigación. Indicó que aún falta escuchar a testigos y contar con el resultado de los análisis genéticos que se han practicado, por lo que consideró que los imputados podrían influir sobre testigos o sustraerse del proceso.
Asimismo, Vega remarcó la gravedad del hecho investigado y describió conductas atribuidas a los acusados posteriores a la agresión sufrida por la víctima, las cuales —según expuso— evidencian violencia, desprecio por la vida y falta de apego a las normas, circunstancias que, a criterio de la Fiscalía, refuerzan el peligro de fuga y obstaculización.
Por otra parte, señala que la solicitud de revisión o morigeración de la prisión preventiva fue presentada únicamente por el abogado defensor de Jesús Alfredo Ortega y no por el representante legal del otro imputado.
No obstante, Reinaga estuvo presente en la audiencia y el juez le hizo extensivo el beneficio, pese a que nunca había solicitado la revisión de su medida cautelar. Además, la prisión domiciliaria le fue concedida en un domicilio ubicado fuera de la jurisdicción de Tartagal.
Finalmente, solicitó que se revoque la modalidad de prisión domiciliaria y que ambos imputados sean trasladados nuevamente a un establecimiento penitenciario, al considerar que esa es la única medida eficaz para garantizar el sometimiento al proceso y preservar el normal avance de la investigación.
