La reunión de ayer tampoco ha concluido en acuerdo y, tras su fracaso, las partes han resuelto continuar las negociaciones hoy.
Las posturas de las partes están todavía demasiado lejos y así lo han puesto de manifiesto las declaraciones del secretario general de la Asociación Docente Provincial, Fernando Mazzone, que consideró la oferta del gobierno «insuficiente».
Dice el gobierno que, para valorar su propuesta, se debe tener en cuenta que los salarios públicos aumentaron en 2023 un 212% y que se pagaron con un aumento del 30% en enero, extremo que los sindicatos niegan puesto que discrepan con las liquidaciones practicadas.
Según el ministro Roberto Dib Ashur, que maneja las finanzas del Estado, el porcentaje de aumento propuesto «tendrá un alto impacto en el bolsillo de los trabajadores», aunque nada dijo acerca de la posibilidad de que ese mismo «alto impacto» solo provoque más inflación y más deterioro de las rentas.
Todo indica que Dib Ashur sigue aferrado a un «manual» de negociación colectiva muy rudimentario, implantado en la época de Urtubey, de la que formó parte y en la que tuvo una alta responsabilidad.
Lo demuestra el hecho de que Dib Ashur ha dicho ayer que el aumento del 24% ofrecido por el gobierno para 2024 «significará un gran esfuerzo por la caída que registran los recursos» por la situación nacional de «extrema gravedad».
Estas declaraciones son incomprensibles, puesto que si la «extrema gravedad» es solo de las cuentas nacionales (y no de las provinciales) la teoría del «gran esfuerzo» solo consigue desmentir los «grandes esfuerzos» anteriores (proclamados por el mismo ministro), cuando los recursos federales eran fluidos y abundantes.
Han sido los sindicatos de la profesión docente los que han insistido en que la negociación se descomponga en «mesas sectoriales», puesto que otros trabajadores públicos no parecen especialmente interesados en los problemas que afectan a la financiación del sector docente.
Han puesto como ejemplo la supresión del incentivo docente (un complemento del salario que hasta finales de 2023 se pagaba con recursos que giraba el gobierno federal) que no afecta a policías, a enfermeros o a burócratas.