El diputado Monteagudo reta al abogado Heredia a formular denuncia contra él por corrupción

Sin ningún tipo de pruebas y citando solo el parecer de una persona llamada Sergio Heredia, que se identifica como abogado, el diario salteño carga contra el legislador, insinuando que un vehículo de su propiedad ha sido adquirido con dinero proveniente de la corrupción.

Probablemente lo más curioso de las declaraciones del señor Heredia es su afirmación de que él, como abogado, «no tiene que darle explicaciones a nadie» si se compra una Ducati, porque -dice- «será producto de sus honorarios».

Aparentemente, el acusador sin pruebas del diputado provincial se ha saltado las clases de la materia en la que se enseña que los abogados, como cualquier otro ciudadano que ingresa cantidades de dinero a cambio de sus servicios, debe declarar sus ingresos a la hacienda pública y, en su caso, también «explicar» si adquiere bienes cuyo precio excede notablemente los ingresos declarados.

Ignora también que con las dietas que los legisladores provinciales perciben -que son altas por motivos que tienen que ver con la independencia del Poder Legislativo-, los legisladores pueden hacer exactamente lo mismo que los abogados con sus honorarios o cualquier trabajador con su salario, una vez que se han incorporado a su patrimonio. Es decir, pueden adoptar las mismas decisiones de ahorro o de consumo, sin que el hecho de ser legislador genere obligaciones más graves o más estrictas y sin que por ello deba rendir cuenta pormenorizada del empleo de su dinero.

Probablemente por conveniencia, el improvisado denunciante de Monteagudo olvida también que parte de los honorarios de los abogados (los que regulan los jueces en los procedimientos en los que intervienen) es dinero que -aunque no integra el erario- debe ser considerado dinero público por el simple hecho de que en Salta los aranceles de los abogados están establecidos por ley, están sujetos a minuciosos controles y tienen la indiscutida consideración de precios públicos.

En una publicación en su perfil de Facebook que data de esta misma mañana, el diputado Monteagudo esgrime en su defensa un argumento que -a diferencia de las sospechas del señor Heredia- se puede comprobar con mucha facilidad: que al momento de inscribir su motocicleta en el Registro del Automotor debió declarar bajo juramento el origen del dinero con el que pagó el precio de la compra.

Dice también Monteagudo que «toda la vida» tuvo motos de alta cilindrada y lo ilustra con una fotografía suya montado en uno de estos vehículos, que él afirma -sin que se haya podido corroborar- que es del año 2009, fecha en la que no ejercía -dice- ningún cargo en el Estado.

Con bastante buen criterio, el diputado Monteagudo ha invitado al letrado señor Heredia a formular denuncia ante la justicia, en caso de que siga creyendo que la moto a la que se refiere el diario El Tribuno ha sido adquirida por el legislador de forma ilegal o con dinero proveniente de la corrupción política.

Hasta el momento, no se sabe si Heredia ha aceptado o no la invitación de Monteagudo, pero seguramente se lo pensará muy bien, pues, por su profesión, está en condiciones de saber que el artículo 245 del Código Penal argentino castiga con un mínimo de dos meses de prisión y el máximo de un año el delito de falsa denuncia.

Y si lo que desea el letrado Heredia es lograr una repercusión política con su denuncia, un poco para reforzar la efectividad de su arrebato moralizador, debería acompañarla con sus propias declaraciones de impuestos e invitar a expertos independientes a cotejar las cantidades declaradas al fisco con sus ingresos reales y con las facturas por él emitidas. Será en cualquier caso un estupendo ejemplo de transparencia, sobre todo para los residentes en la ciudad de Tartagal.

El Tribuno se rasga las vestiduras

El diario salteño que hoy ha intentado difamar a Monteagudo jamás se ha escandalizado por el rumboso estilo de vida del senador nacional vitalicio Juan Carlos Romero, el de su familia, o el del exgobernador Juan Manuel Urtubey, el primero aficionado a los aviones, y el segundo declarado amante de las motos de alta cilindrada.

En todos los casos, también hablamos de «gente que vive de los impuestos de los ciudadanos», en los términos definidos por el letrado señor Heredia. Tanto Urtubey como Romero -de largos desempeños en la vida pública- han mantenido negocios privados (ninguno de ellos «exitoso») durante el ejercicio de sus cargos, sin que nadie -desde luego no Heredia- se haya animado jamás a pedir explicaciones sobre su compatibilidad moral y jurídica.

Monteagudo solo debería dar explicaciones de por qué «se mueve en una moto de lujo», primero si efectivamente se lograra probar en una instancia objetiva e independiente que una moto Ducati (una marca de segunda línea) es una moto de lujo; segundo, si efectivamente se demuestra que vale 45.000 euros, como afirma Heredia sin ningún papel que lo respalde, y tercero, solo después de que el señor Romero y su hija (senador nacional e intendenta municipal, respectivamente, dueños directos del diario El Tribuno) hayan explicado de forma convincente ante la opinión pública el origen y la procedencia del dinero con el que han comprado los bienes de lujo que poseen, y otro tanto hace el exgobernador Urtubey.

La sospecha de corrupción por el solo hecho de poseer una moto inquieta a muchas personas honradas, entre funcionarios y particulares. Nadie, y menos sin pruebas, puede lanzar una campaña populista llena de bajezas para dar a entender que montar en una moto en Salta es igual a pasear en un yate por la Costa del Sol o pagar 30 millones dólares en un divorcio.