Siete de ellos integran actualmente el tribunal; otros dos están a punto de incorporarse, y el décimo —nombrado en 2020— renunció al cargo tras haberlo ejercido solo unos meses.
1) Teresa Ovejero Cornejo (ratificada en 2024)
2) Fabián Vittar (ratificado en 2020)
3) José Gabriel Chibán (designado en 2022)
4) María Edit Nallim (designada en 2023)
5) María Alejandra Gauffin de Macedo (designada en 2020)
6) Pablo López Viñals (ratificado —con polémica— en 2025)
7) Adriana María Rodríguez Faraldo (designada en 2020)
8) Horacio José Aguilar (designado en 2020 y posteriormente renunciado)
9) Martín Ignacio Plaza (será designado en 2026) y
10) Jorge Martín Diez Villa (será designado en 2026).
A pesar de que casi todas estas designaciones (nuevas o repetidas) han observado, en general, los procedimientos constitucionales (excepto en los clamorosos casos de Ovejero y de López Viñals), la oposición al gobierno de Gustavo Sáenz ha señalado solo a los dos últimos (Plaza y Diez Villa) como «amigos» del Gobernador.
Entonces, los otros diez ¿qué eran?, pues si no eran «amigos», hay que reconocerle a Sáenz el mérito de haber gobernado durante más de seis años con jueces no necesariamente afines.
Esta etiqueta —la de «amigos»— se puede usar, lógicamente, como arma política arrojadiza para cuestionar el acierto del Gobernador de la Provincia o restar seriedad a su decisión de proponer a determinadas personas como futuros jueces, pero nunca cuando con su utilización se degrada peligrosamente el perfil profesional o técnico de los candidatos propuestos.
Es decir que, si fuera políticamente legítimo atacar la «amistad» como justificación de una designación de este tipo, esta legitimidad cesa automáticamente cuando la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial confiere el acuerdo constitucional. Y esto ya ha ocurrido.
A partir de ese momento (y aunque el Senado sea —como realmente lo es— un cuerpo rendido al gobierno o muy poco exigente) cualquier intento de desacreditar a los candidatos propuestos con el argumento de la «amistad» entre el Gobernador y los futuros jueces se interna en el peligroso terreno del desacato a la instituciones y la inobservancia de la Constitución.
