Poner el acento sobre el voto de los legisladores de las provincias es una falsa expresión de federalismo, porque en la medida en que se contabiliza minuciosamente el voto según la adscripción territorial de quienes lo emiten, se descuida la dimensión principal, que es la voluntad expresada por el Congreso Nacional, que es una voluntad única a insustituible.
Una vez electos, senadores y diputados nacionales son libres de votar como les plazca. La disciplina de partido y la sumisión a estos de los bloques parlamentarios ha desaparecido largamente de la práctica asamblearia nacional. Incluso desde antes de Borocotó.
La inexistencia de un mandato imperativo hace que los legisladores puedan votar en contra de sus propias convicciones; en el caso de que las tuvieran, por supuesto, pues muchos son partidarios de aquella genial frase de Groucho Marx que decía: «Estos son mis principios. Y si no le gustan, tengo otros».
El voto y la opinión expresada en el recinto, o en la comisiones, sirve para evaluar a los legisladores de cara a una futura reelección, pero no para descalificarlos en el ejercicio de su mandato actual. Ningún senador, ningún diputado, ha sido electo para «conformar a sus bases» y menos para contentar a quienes los critican en los medios de prensa. Quien vota u opina pensando en qué dirán sus comitentes, o ciertos periodistas, está traicionando su juramento constitucional.
Hemos llegado a un extremo en el que el voto de un legislador resulta insuficiente para ciertas personas empeñadas en conocer no solo lo que vota sino lo que un legislador opina sobre un determinado asunto. Ningún legislador está obligado a expresar su opinión. Hacerlo es un derecho que en ningún momento puede (ni debe) convertirse en imposición, salvo que se quiera asumir el riesgo de una ruptura del mandato representativo.
Elegimos a nuestros legisladores para que voten y adopten decisiones vinculantes, no para que opinen.
Los legisladores nacionales tampoco responden a los gobernadores de las provincias en las que han sido electos. Si así fuera, la república representativa y federal instaurada por nuestra Constitución se convertiría en una suerte de confederación de gobernadores y el Congreso en una asamblea de embajadores de provincias, de la que recelaba Edmund Burke. Cualquiera de estas dos cosas contraría abiertamente los principios y la arquitectura constitucional diseñada hace más de 170 años.
