El propósito del gobierno provincial con el nuevo DNU que obliga a un test de sustancias para acceder a los cargos públicos, o para mantenerlos, —dicho por el propio gobierno— es el de «garantizar idoneidad, aptitud moral y la confianza ciudadana, estableciendo que la integridad en el ejercicio del cargo es un deber ineludible y no una opción».
Esa tríada conformada por la «idoneidad», la «aptitud moral» y la «confianza ciudadana» es tan imbatible en estos tiempos precarnavaleros como lo es la famosa tríada de «luz», «color» y «alegría», que preside los corsos y las carpas bailables de Salta.
Pero vamos viendo uno por uno los términos de la santísima trinidad republicana.
Comienzo por no entender qué parte de la idoneidad para desempeñar un cargo público pierde un adicto enfermo.
Y pondré un ejemplo que puse muchas veces ya. En la década de los 60 del siglo pasado, el arquero del Club Libertad (ya desaparecidos, tanto el club como el arquero) atajaba mucho mejor cuando estaba totalmente en pedo. De allí que sus compañeros lo machaban bien antes de los partidos y lo mandaban a la cancha dando tumbos. En otros términos, era más «idóneo» debajo de los tres palos mientras más alcohol circulaba por sus venas.
Con los funcionarios públicos puede pasar lo mismo; más aún si tenemos en cuenta que hasta el más pintado emplea su valioso tiempo funcionarial en atajar penales.
Paso a referirme a esto de la «confianza ciudadana», que, por cierto, no aparece en ninguna parte de la Constitución, pero que al gobierno le parece importante o impactante.
Los ciudadanos tendremos que desconfiar del que esnifa cocaína o fuma marihuana, pero confiar ciegamente en el que se coloca con antidiarreicos, en el que bebe hasta quedar inconsciente o en el que vive suspendido en una nube química por abuso del lexotanil.
Y mucho peor que eso: Generará más confianza el político traficante y mafioso que presenta proyectos liberticidas, que el pobre adicto que apenas puede con su vida.
Desde el punto de vista de los «efectos» (así como desde el punto de vista de la «confianza ciudadana»), no veo ninguna diferencia entre alguien que se droga con sustancias ilegales y otro que hace lo mismo con medicamentos que se venden bajo receta, o con el vodka que se puede comprar en algunas estaciones de servicio («gasolineras», según algunos «cultos» de Salta).
Creo que a los ciudadanos nos tranquilizaría mucho (nos daría más «confianza») si, en vez de practicarles una rinoscopia, a muchos funcionarios se los sometiera a un examen oral para ver si son capaces de decir las vocales de corrido.
No me gustaría meterme en berenjenales jurídicos, pero el artículo 16 de la Constitución Nacional dice con suprema claridad que todos los habitantes del país son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. ¿Puede una norma de rango inferior crear «otras condiciones» diferentes a la idoneidad?
El DNU creará dos clases de ciudadanos: los «ejemplares» (consumidores de té de quimpe) y los «réprobos» (cultivadores de hábitos tóxicos). Los primeros formarán parte de una especie de aristocracia cívica que podrá ir por la vida refregándole a los otros su supuesta superioridad moral.
Lo que me parece todavía más difícil de encajar es el tema de la «aptitud moral». Me pregunto, y muy seriamente, si una persona enferma, un adicto, puede, por razón de su condición clínica, perder su «aptitud moral», y no perderla —a estos efectos— el que por costumbre le pega a su mujer y el que deja sin comer a sus hijos.
Si este fuese el caso, ¿cuál es el fundamento clínico o político que permite sostener que los diabéticos o los portadores del HIV conservan intacta su «aptitud moral» a los efectos del desempeño de un cargo público, y al contrario, los cocainómanos y los fumadores de marihuana la pierden?
Y me pregunto también por qué los coqueros pueden ser funcionarios públicos y el motivo por el cual en la mesa de muchos de ellos, en vez de haber expedientes importantes, hay un mate, un termo y un yerbero.
Es preocupante, desde luego, que desde el Estado y a través de normas de obligado cumplimiento alguien se proponga crear un orden moral específico. No quisiera decirlo en voz alta, pero el DNU nos coloca a unos pocos pasos del abismo constitucional. Y lo peor de todo es que muchos de los que hoy lo han aplaudido lo saben. Es decir, se hacen los distraídos como perro que ha volteao la olla.
Felizmente, la información oficial recoge la opinión laudatoria de personas que me despiertan la más incurable de las desconfianzas ciudadanas: Los señores Esteban Amat Lacroix (campeón de la toxicidad legal), Matilde López Morillo (auténtica princesa del medioevo), Juan Esteban Romero (autor de la idea), Juan José Esteban (el inolvidable Bubble Boy de la pandemia) y Griselda Galleguillos (la novia de América). Demasiados «estébanes» para mi gusto.
Solo saber que estas ilustres personas apoyan el decreto me proporciona una gran tranquilidad.
