Yo sin embargo creo que esta sucesión de citas electorales, que se celebran con puntualidad astronómica, sirve para sacar conclusiones sobre la salud (pobre) de nuestra democracia; pero también para darse cuenta de la necesidad de que nuestra Constitución acometa, sin demora y con la mayor precisión que sea posible, la tarea pendiente de definir lo que es el «interés general», que sigue siendo para todos nosotros, lamentablemente, un concepto jurídico indeterminado.
Quiérase o no, formamos parte de un país (federal o como se le quiera llamar); estamos insertos en una región muy grande (pobre, pero región al fin), y tanto salteños como salteñas somos parte viva y activa de esa humanidad que supera ya largamente las ocho mil millones de almas. El «interés general» debe necesariamente tener en cuenta estas otras tres dimensiones espaciales y humanas.
Se me dirá: «Pero son los salteños y las salteñas los que votan». Nada más cierto. Sin embargo, me parece muy poco ambicioso para un pueblo tan inquieto como el nuestro que, con su voto, los electores no aspiren a cambiar el mundo en el que viven y se desentiendan de lo que pueda pasar más allá del río Bermejo o de El Tala.
Por esta razón es que desconfío de todos aquellos que se presentan a las elecciones (las de octubre próximo, las pasadas y a las futuras) diciendo que «defenderán a los salteños».
Pero especialmente desconfío de aquellos que repiten la misma cantinela sin acordarse de todo el daño que durante décadas enteras le hicieron a los salteños y a las salteñas; entre otros motivos, por haber preterido el «interés general» y privilegiado el propio.
En nombre de la salteñidad –permítanme que lo diga– se han cometido atropellos horribles e incalificables contra la ciudadanía, la libertad, la democracia y el sentido común republicano en los últimos treinta años. Durante este oscuro periodo, los salteños nos hemos convertido en la excusa perfecta para el expolio y la corrupción; se nos ha usado –como no quería el General que sucediera– como «instrumento de la ambición» de unos pocos.
He dicho muchas veces y lo repito ahora: La discrepancia fundamental que me separa de aquellos que han protagonizado estos excesos en nuestra Provincia es nada menos que la extensión de la palabra «Salta». Para mí, el pentacentenario nombre de nuestra tierra designa una realidad determinada, vasta y compleja, mientras que, para otros, una alude a una realidad astutamente reducida a una clase de grandes propietarios y negociantes que, entre sus muchas posesiones, atesora en su caja fuerte la cédula parcelaria del propio Estado, de un Estado patrimonializado desde 1995.
Por tanto, cuando ellos dicen que «van a defender a los salteños» lo que nos están diciendo es que van a defender a los que ellos consideran que forman el paisaje humano de la «Salta» que tienen en la cabeza y que les late en el bolsillo. No a los habitantes de la «Salta real».
Para mí, en cambio «defender Salta» es defender el «interés general», objetivo que requiere mucha más ambición política, requiere muchísima más moral y –si me apuran– también una estética mucho más refinada.
Pero por sobre todo, requiere de un consenso fundamental acerca de lo que es el «interés general» y, lo que es casi tan importante: un consenso sólido sobre la forma de servirlo. Este consenso debería estar plasmado en nuestra Constitución, para que la idea no se quede en la mera declamación, ni la dejemos a la deriva en las confusas aguas de los conceptos jurídicos indeterminados.
¿Vamos a permitir que sean los jueces de la Corte de Justicia los que definan qué es el «interés general»? Con todo respeto hacia ellos, diré que esta es una tarea que les supera ampliamente, por larguísimas distancias. Sobre todo, a aquellos que durante años han venido convalidando con activo entusiasmo las tropelías de los detentadores del poder.
Así pues, cuando alguien nos diga que quiere llegar al Congreso Nacional para «defender a los salteños» (por ejemplo, de las políticas disgregadoras y centralistas del presidente Milei), preguntémosle a fondo, y hasta la extenuación si es posible, primero: en qué medida la oposición frontal al Presidente y a sus políticas sirve al «interés general»; y segundo: en qué beneficia a los salteños oponerse a Milei por el mero gusto de oponerse y plantear un regreso al pasado.
Mucho me temo que un candidato en particular no podrá responder a ninguna de las dos preguntas, porque, antes de hacerlo, debería explicar –y jamás lo hará– por qué cuando gobernó doce años la Provincia dejó un variado y catastrófico legado de miseria, de inmoralidad, de deudas millonarias, de mujeres muertas, de obras inexistentes, de cultura devaluada, de periferias arrasadas y de precariedad política.
Si esto es «defender a los salteños», sinceramente prefiero a alguien que nos ataque.
