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  • Contra el Estado de Derecho
  • Un diario de Salta ha insinuado que el encausado Intendente Municipal de Rosario de Lerma, Sergio Topo Ramos se sentirá «aliviado» cuando la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio se haga cargo de la Fiscalía de Impugnación y abandone su estratégica función de titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos.
Sergio Ramos
Sergio Ramos

La crónica periodística da a entender que la situación procesal de Ramos mejorará automáticamente cuando Salinas Odorisio deje su actual cargo, lo cual supone una absoluta falta de respeto a los fiscales que eventualmente pudieran ser designados para reemplazarla, que están obligados a continuar el buen trabajo que hizo su antecesora, con arreglo a lo que prescribe la ley.



Se ha de recordar que la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos fue ejercida con anterioridad, entre otros, por la fiscal Mónica Poma y que su reemplazo por Salinas Odorisio no supuso en su día el retroceso o el abandono de ninguna persecución penal, sino, en todo caso, la ratificación de una línea muy sólida de eficiencia, de respeto a la ley y apego a los procedimientos.

No se debe olvidar en ningún momento que a Ramos lo persiguen la ley y el Estado de Derecho, no una fiscal en particular, tampoco una institución en concreto.

Cualquiera de los fiscales que el Procurador General de la Provincia tiene en mente para reemplazar a la futura Fiscal de Impugnación está perfectamente preparado (o preparada) para continuar con los asuntos iniciados por Salinas Odorisio o con los que ella ha imprimido impulso.

Pensar que otro fiscal que no sea Salinas Odorisio va a beneficiar o perjudicar a los reos (entre ellos a Ramos) no solo es desdeñoso con los fiscales, y negatorio de su profesionalidad, sino que también constituye una afrenta mayor al Estado de Derecho, en tanto comporta insinuar que la persecución legal de los delitos -objetiva, impersonal e inevitable- en realidad depende de preferencias personales, de filias o de fobias de aldea.



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