La crónica periodística da a entender que la situación procesal de Ramos mejorará automáticamente cuando Salinas Odorisio deje su actual cargo, lo cual supone una absoluta falta de respeto a los fiscales que eventualmente pudieran ser designados para reemplazarla, que están obligados a continuar el buen trabajo que hizo su antecesora, con arreglo a lo que prescribe la ley.
No se debe olvidar en ningún momento que a Ramos lo persiguen la ley y el Estado de Derecho, no una fiscal en particular, tampoco una institución en concreto.
Cualquiera de los fiscales que el Procurador General de la Provincia tiene en mente para reemplazar a la futura Fiscal de Impugnación está perfectamente preparado (o preparada) para continuar con los asuntos iniciados por Salinas Odorisio o con los que ella ha imprimido impulso.
Pensar que otro fiscal que no sea Salinas Odorisio va a beneficiar o perjudicar a los reos (entre ellos a Ramos) no solo es desdeñoso con los fiscales, y negatorio de su profesionalidad, sino que también constituye una afrenta mayor al Estado de Derecho, en tanto comporta insinuar que la persecución legal de los delitos -objetiva, impersonal e inevitable- en realidad depende de preferencias personales, de filias o de fobias de aldea.