La fiscal Cornejo imputa un delito de intimidación pública al empresario Mena Saravia

Se trata de la quinta persona en la misma situación procesal en la causa que tiene como principal sospechoso al diputado nacional Emiliano Estrada Yarade.

Según la información oficial, el decreto de imputación fue firmado el pasado 29 de enero y fue notificado el día 30. Como el señor Mena Saravia se encuentra de viaje en los Estados Unidos, ha comparecido ante la fiscal por medio de su abogado. La audiencia de imputación se celebrará a su regreso al país, después del 15 de marzo.

Dice la información oficial que Mena Saravia «es un empresario vinculado a los medios de comunicación y emprendimientos vitivinícolas en la Provincia de Salta y el exterior». Su vinculación al proceso -dicen los fiscales- se produce a partir del rumbo que tomó la investigación con la recepción de testimonios obtenidos durante la investigación y otras medidas, de donde surgiría su participación en los hechos investigados.

Cornejo Solá ha vuelto a recordar que la causa se inició sin tener a personas físicas identificadas en primera instancia, y que inicialmente se imputó a dos personas, a la que se sumaron otras dos y ahora una quinta.

Se deduce de la comunicación fiscal que tanto Estrada como Mena Saravia están vinculados con por lo menos cinco vídeos «que reconocen claramente una insistente trazabilidad común que los uniforma homogéneamente».

Estas «piezas de comunicación» se refieren a las instituciones de la Provincia de Salta como “Estado narco”, vinculándolas con carteles de la droga. Dice la fiscal Cornejo que en los vídeos se ven operativos de secuestro de drogas efectivamente efectuados en ambulancias, pero que aparentemente estos vehículos no pertenecen al Estado sino a empresas privadas.

Sostiene también la fiscal que esta comunicación se produce «de modo simultáneo y en contraposición a los esfuerzos de todas las instituciones del Estado en procura de la protección de la sociedad contra el impacto de estos nuevos fenómenos delictivos, y las acciones públicas de combate al narcotráfico y al crimen organizado en la provincia de Salta en diversos escenarios que resultan de conocimiento público».

Concluye la comunicación fiscal diciendo que todo esto «posee objetivamente entidad para causar confusión y temor en la población respecto a que la Provincia de Salta, lugar donde viven, se convierta en un territorio violento a merced de la criminalidad organizada».