No me voy a referir, como han hecho otros, al desenlace de la diligencia (en el que el policía permite al prelado reanudar su marcha sin imponerle sanciones, como a cualquier otro automovilista infractor en las mismas condiciones) porque creo que los salteños hemos adquirido esta certeza «a partir de una prueba manifiestamente ilegal y claramente violatoria de los derechos fundamentales de una persona».
A mi juicio, hay ahora muchísimas más razones que antes para preocuparnos por la vigencia de nuestras libertades y el respeto de nuestros derechos; muchas más, desde luego, que para alegrarnos de que una figura pública haya sido «cazada» sin su permiso de conducir.
Estoy seguro que el Arzobispo de Salta no es un superciudadano; pero más seguro estoy de que no es un infraciudadano; es decir, una persona a la que se pueda humillar públicamente y exhibirla vergonzosamente en un vídeo de bajísima calidad, filmado además sin su consentimiento ni conocimiento.
Felizmente, el Arzobispo se ha comportado como un caballero y en ningún momento -a pesar de haber sido reconocido- ha invocado su dignidad para obtener un trato de favor indebido.
El ciudadano Cargnello (por más que se dirija a oficiar misa), así como tiene todas las obligaciones de cualquier otro ciudadano argentino, también disfruta de los mismos derechos y libertades, sin que le pueda ser negado ninguno. La autoridad no puede avasallarlos, solo porque a un policía se le ocurra activar su teléfono celular y captar una escena que no debió captar jamás, y mucho menos difundir.
Cualquier conductor interceptado en la vía pública y abordado por la autoridad conserva su derecho a la intimidad, en toda su extensión, y, además, tiene derecho a que cualquier actuación policial sobre su persona o sobre sus bienes sea absolutamente reservada, como lo manda el Código Procesal Penal de la Provincia de Salta. Lógicamente, ese ciudadano conductor disfruta del derecho fundamental a la presunción de inocencia hasta que un juez, mediante sentencia firme, diga que es culpable de algo.
Aun suponiendo que el Arzobispo hubiera circulado en su coche sin carnet y después de haber bebido alcohol, cualquiera de estos dos comportamientos constituiría, en el peor de los casos, una simple falta administrativa. Sin embargo, la violación de su intimidad, la filmación ilegal de su persona, las preguntas de los agentes (que atentan contra su derecho a no declarar en contra de sí mismo), la difusión en las redes y la probable irregularidad del procedimiento pueden configurar un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es obligación de los fiscales investigar notitia criminis.
Ninguna persona puede ni debe ser filmada, por policías o por particulares, cuando es interceptada por la Policía. Y si la filmación se realiza con previa autorización y por razones de seguridad, con cámaras oficiales debidamente registradas y controladas, se debe informar a la persona filmada de los derechos que le asisten en orden a la protección legal de su imagen como dato personal sensible.
Pero dejando a un lado las razones jurídicas -que, como cualquiera puede advertir, son muy poderosas- creo que nuestra libertad y nuestra dignidad como personas humanas no puede quedar en manos de funcionarios de policía (sea provincial o municipal) que se toman a la ligera los derechos de los ciudadanos.
Una conducta displicente y potencialmente criminal como la que han mostrado los agentes que detuvieron y filmaron al Arzobispo y posteriormente compartieron el vídeo con numerosos medios de prensa, atenta frontalmente contra la convivencia pacífica de los salteños y rebaja innecesariamente la autoridad de quienes están llamados a velar por nuestra seguridad y a obligarnos a cumplir las reglas, destruyendo su credibilidad.
Sería realmente muy peligroso si, enterados de esta pública violación de derechos y del incumplimiento de sus deberes, el Ministro de Seguridad o el Intendente Municipal de Salta no adoptaran las medidas necesarias para sancionar con el máximo rigor a los autores de estas inhumanas calamidades, que, como digo, no lesionan la honorabilidad ni la dignidad del Arzobispo de Salta, tanto como comprometen la seriedad de las instituciones del Estado y su apego a la ley, que es deber de todos -incluido el Arzobispo- cuidar como nuestro máximo capital colectivo.
