Esta leyenda aparece, por supuesto, en todos los papeles del Poder Judicial de Salta y, con grandes caracteres azules, en su página web.
Es decir que aunque los poderes públicos sean elegidos «democráticamente», no estamos frente a una democracia cuando el sistema político ignora la Ley, santifica el capricho de los gobernantes o comete injusticias contra los gobernados.
Con todo el respeto del mundo diré que el Poder Judicial es el menos «democrático» de los tres. Sucede en casi todos los países.
En el caso de Salta, particularmente, los jueces que lo ejercen no son elegidos por métodos muy diferentes ni reclutados de una cantera sociológica muy distinta de aquella que antaño proporcionaba sus más valiosos recursos humanos judiciales a la dictadura.
Por tanto, la relación entre la judicatura y el demos solo se fortalece mediante la obediencia ciega a la Ley, que a todos vincula, y se afianza en el respeto al principio de la soberanía popular.
Muchos jueces -afortunadamente, no todos- no creen en la democracia sino en lo que algunos llaman con el nombre de iurecracia y consideran que sus decisiones, más que manifestaciones de un poder político limitado, organizado en base a la Ley y a la justica, son expresiones racionales metafísicas inalcanzables por el resto de sus congéneres.
Mal puede el Poder Judicial de Salta celebrar los 40 años de «democracia», cuando un cuarto de ese tiempo (una décima de siglo) ha mantenido a un hombre inocente injustamente encerrado en la cárcel.
Y mal los pueden celebrar unos jueces que, hace seis años, pretendieron -con apoyos importantes en el resto de la judicatura- hacer eternos sus cargos mediante procedimientos claramente antidemocráticos, que atacaban nuestra Constitución, y eran frontalmente contrarios al principio de soberanía popular.
Los esfuerzos por hacer más democrático al menos democrático de los tres poderes del Estado no se deben limitar, como se está haciendo ahora, a la selección impoluta de las personas que lo ejercen, ni a la pureza nominal de sus procedimientos, ni a las acordadas vanguardistas. Deben extenderse a la mejora efectiva de la calidad de sus productos; especialmente de aquellos relacionados con la tutela de la libertad y los derechos fundamentales de las personas. Es aquí donde conecta la justicia con el demos y se diferencia de la justicia en una dictadura.
Aunque parezca una verdad de perogrullo, una justicia «democrática» que comete injusticias como la que le ha costado 10 años de su vida a Santos Clemente Vera, ni es justicia ni es democrática. Una justicia que recurre a la opinión de Clariá Olmedo (por solo citar a uno) para fundar la condena de por vida a un inocente, aunque la Ley diga exactamente lo contrario, nada tiene para celebrar; excepto, claro está, su propia osadía y su ensimismamiento narcisista.
Una justicia democrática de verdad enmienda sus errores rápidamente y no se regodea en ellos. Investiga hasta las últimas consecuencias los crímenes irresueltos y no duda en aplicar la Ley, cualquiera sea el apellido o el poder de quienes la han transgredido.
Por todo esto, y por muchos otros motivos más que por el momento conviene callar, es que creo que el respeto a la idea democrática, a la justicia, al Estado de Derecho y a la soberanía del pueblo, demanda que la Legislatura reforme silenciosamente el artículo 2º de la ley 8380 para que las instituciones judiciales de Salta utilicen en sus papeles y comunicaciones oficiales la expresión «2023 - 40 años de Democratia Interruptus».
