El Ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada se ha sincerado y ha dicho en un diario local que los recursos provinciales no alcanzan para acometer obras de infraestructura y que, por tanto, el gobierno depende del auxilio del gobierno federal para superar el atraso en ciertas áreas.
El gobierno provincial de Salta se agarra ahora a la obra pública como a un clavo ardiendo, porque no tiene otra forma de ganar las elecciones, porque no conoce otra forma de hacer política y porque cree que debe convencer a los electores menos informados de que las casas, caminos, puentes y cañerías de muy baja calidad que a salto de mata se construyen en Salta es lo mejor que puede pasar en sus vidas.
Pero el «Estado presente» no es solo aquel que inunda la plaza de hierro, cemento y ladrillos, sino también el que se pone manos a la obra, se arremanga y se esfuerza por solucionar los problemas más graves que hacen penosa la vida de los ciudadanos, como la inflación, los bajos salarios, la pobreza o la precariedad de la moneda.
Si para ordenar la economía y mejorar la situación de quienes perciben rentas fijas, y deben mantener a sus familias, en algún momento es necesario decretar una moratoria en las obras públicas, alguien deberá tomar la decisión valiente de hacerlo, aunque tal decisión suponga poner en riesgo el resultado de las próximas elecciones.
Hay que tener en cuenta que, hasta aquí, el «auxilio financiero» que nos ha proporcionado el gobierno federal ha necesitado de una ingente emisión de moneda, y que, por tanto, los salteños han pagado las obras públicas a un precio exorbitante gracias al impuesto inflacionario. Clausurado el ciclo populista, ha llegado el momento de elegir -temporariamente- entre obra pública o inflación.
Las obras públicas, por definición, generan empleo temporal y precario, aun cuando este tipo de empleo pueda solucionar situaciones sociales muy pequeñas y puntuales en algunos municipios. Pero cuando llega el momento de elegir, es preferible tener uno o dos puntos más de desempleo, que una inflación de dos dígitos todos los meses, porque el aumento incontrolado de los precios daña tanto a los empleados como a los desempleados.
El gobierno provincial gasta los pocos recursos que tiene en pagar el sueldo de los agentes del Estado y casi no le queda margen para ejecutar, por sí mismo, las obras públicas que son necesarias. La Administración pública provincial tiene una dimensión enorme y antieconómica; nuestra burocracia es peligrosamente antisolidaria. Pero el gobierno -que lo sabe- no se anima a tocarla ni a practicar recortes por miedo a perder las elecciones.
No es razonable que para llevar agua potable a las poblaciones marginadas del norte el gobierno provincial se haya declarado suri y que confíe en que el dinero que necesita lo ponga el gobierno federal, que no es el principal obligado a resolver este problema.
Ganar las elecciones no es lo único que debe preocupar a los que gobiernan. Que los salteños puedan desarrollar su vida en un contexto de racionalidad económica que les permita vivir con una mínima dignidad es y siempre será prioritario.
