A partir de su entrada en vigor, se considera organización criminal a un grupo de tres o más personas que operan de manera concertada para cometer delitos graves.
En esa línea, endurece las penas para quienes formen parte o colaboren con organizaciones criminales, con condenas de 8 a 20 años. También permite los miembros de estas organizaciones sean condenados a la pena del delito más grave cometido por el grupo; es decir que se eliminan las diferenciaciones de penas según el rol dentro de la mafia.
El Ejecutivo tomó como base la norma de los Estados Unidos, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia.
Esta legislación fue el último proyecto que se trató en las sesiones extraordinarias en el Senado y fue sancionada de manera unánime con 38 votos del oficialismo de la oposición dialoguista y de los legisladores del Frente de Todos Marcelo Lewandowski (Santa Fe) y Carolina Moisés (Jujuy). El resto del grupo kirchnerista se ausentó del recinto antes de la definición para evitar una nueva fractura que, en los hechos, se consumó.
Durante la sesión, como miembro informante, la radical Carolina Losada (Santa Fe) expresó: “Estamos dando una batalla muy dura en contra del narcotráfico y esta ley va a ser fundamental para esa lucha, porque va sobre cada eslabón de la cadena y eso es importante, porque todos son igualmente responsables”.
Por su parte, desde el kirchnerismo, Oscar Parrilli (Neuquén) subrayó: “Este proyecto sobre crimen organizado se mete sobre la autoridad jurisdiccional de cada gobernador. Tenemos que corregir el avasallamiento al federalismo y a las autonomías provinciales”. Losada lo acusó de haber mentido en ese aspecto. En tanto, el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta), quien le recordó que la ley fue trabajada “en Diputados de manera muy cuidadosa, con correcciones de todos los bloques”.
