Los viajes al extranjero de los 'beneficiarios' de los planes sociales del gobierno

Hace unos días, el fiscal federal Guillermo Marijuán denunciaba que 159.919 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo viajaron fuera del país en un periodo que no se ha precisado. El señor Marijuán considera que estos viajes constituyen una “circunstancia palmariamente incompatible [sic] con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”.

Si estas informaciones son correctas, la única conclusión que se puede sacar de ellas es que la declaración de pobreza que efectúa el gobierno al conceder una prestación de esta naturaleza supone una suerte de condena perpetua e irreversible a no salir del país. Los pobres, si además son asistidos por el gobierno, deben quedarse donde están.

El gobierno kirchnerista ha convertido a los viajes al extranjero en un pecado mortal, en una especie de delito de lesa patria, excepto cuando quien aborda un vuelo internacional es «del palo». Cuando salen ellos, todo está fenómeno; cuando salen los otros, no solo deben dar explicaciones de todos los colores sino que los viajeros son unos «infames traidores a la patria».

¿Por qué no revisamos los cargos de la tarjeta de crédito de la señora Cerruti cada vez que vuela a España para visitar a sus amigas podemitas? Su caso, como el de muchos otros funcionarios, es de una acusada vulnerabilidad mental.

Los argentinos viven -y no lo saben- en una especie de arresto domiciliario persistente o de asignación a su residencia por razones «patrióticas». Fuera del país habita el demonio y por eso no nos conformamos con restringir al máximo las importaciones, encarecer Netflix, renegar de la Europa monárquica y colonialista, maldecir Halloween o aborrecer el imperialismo yankee, sino que procuramos que nuestras prístinas costumbres nacionales no se contaminen con los que entran y salen del país. No vaya a ser cosa que, además de iPhones nuevos, nos traigan de afuera ideas «subversivas».

Aun en la Argentina, viajar al extranjero es mucho más fácil y barato hoy de lo que lo era hace solo treinta años atrás. Hay más vuelos, más alojamientos y, lo que es más importante: hay enormes facilidades para reservarlos, que no había antes. ¿Por un complejo del gobierno, por la mala conciencia de sus funcionarios, vamos a privarle a los más pobres que aprovechen estas facilidades y salgan del país a conocer el mundo?

Probablemente si nuestros pobres se enteran cómo viven los de su misma condición en otros países un poco más organizados que el nuestro, cambien las tornas de la política argentina. Este es un riesgo que no se puede correr.

Que un fiscal federal se ocupe de estas cosas nos está diciendo que viajar al extranjero percibiendo una ayuda social para pobres es delito o casi delito. Si no lo es, al menos es una acción inmoral. ¿Por qué? ¿Porque el gobierno así lo ha decidido?

En muchos países de la Tierra los pobres tienen la suerte de poder conocer otros países. Los gobiernos ponen empeño en la movilidad internacional de los pobres y no tienen miedo de que «vuelvan cambiados». Viajar y trasponer fronteras es un derecho humano. El artículo 12.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que «toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio».

El mismo gobierno que se proclama campeón de los derechos humanos es el que niega a los argentinos pobres el derecho a salir libremente de su propio país y castiga su osadía presumiendo iuris et de iure que un billete de avión internacional supone que quien lo suscribe no se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Más justicia social que esta, en ningún país del mundo.