La mayor presencia policial en los barrios no garantiza una mayor seguridad y, en algunos lugares, parece que las patrullas convocan a la violencia.
Recientemente en Orán, el coche de una mujer fue impactado por siete balas disparadas desde otro vehículo. En Tartagal, a un hombre mayor lo mataron dándole siete puñaladas.
En algunos barrios ni los civiles pueden entrar porque son recibidos sistemáticamente a pedradas, como si en Salta se viviera una intifada permanente. De la Policía ni hablar, sobre todo cuando las fuerzas del orden intentan dispersar un tumulto en la cancha de fútbol del barrio.
Antes, los partidos de fútbol reñidos y apretados se resolvían mediante tiros desde el punto del penal. Ahora se resuelven a cabezazos, pero no a la pelota, sino a la nariz del rival.
¿Qué está sucediendo en Salta para que una sociedad ancestralmente dócil y pacífica se haya convertido en una sociedad violenta y agresiva?
Influyen básicamente tres cosas:
1) Una expansión urbana incontrolada, que acompaña con mucha dificultad el crecimiento demográfico, que, aunque parece haberse ralentizado, todavía presenta desequilibrios territoriales notables. La falta de planificación urbana es, pues, la primera explicación de la violencia creciente.
2) El discurso agresivo e intolerante de los políticos, que utilizan la palabra para destruir al adversario, antes que para construir consensos o tender puentes. Si quienes debieran enseñar con su ejemplo al resto de los ciudadanos aparecen ante su público como gallos de pelea y no como palomas de la paz, el problema está servido.
3) La desigualdad en la distribución del ingreso, que provoca la aparición de barrios marginales, a unos pocos cientos de metros de urbanizaciones fastuosas y elitistas. Afortunadamente, en Salta no existe algo parecido a la violencia «de clase», pero su ausencia no oculta la distancia sideral que separa a los más opulentos de los más débiles.
Hay también, por supuesto, factores psicológicos que influyen en esto, pero la enfermedad individual —aun sumada— no provoca efectos tan perversos como la enfermedad sociológica colectiva.
En el Norte de la Provincia (Orán, Tartagal y sus ciudades satélites) la violencia es incluso mayor por factores endógenos, como la escasez del empleo, la aguda pobreza de las infraestructuras y el sobredimensionamiento de los aparatos burocráticos municipales, que provoca no poca insatisfacción entre los ciudadanos y resta oportunidades de crecimiento.
Reducir los niveles de violencia no es tarea ni de la Policía ni del Ministerio de Seguridad. Las competencias «comunitarias» de la fuerza policial, previstas en la ley que la regula, no solo constituyen una manifiesta anomalía jurídica, sino que las herramientas con las que cuenta nuestra Policía para llevar a cabo esta tarea son antiguas y disfuncionales.
La Policía de Salta debería dedicar los recursos que posee a prevenir la comisión de determinados delitos graves, y no aventurarse en experimentos para reducir el «riesgo social» (el que se deriva de los desequilibrios del entramado social), pues esta imprescindible tarea debiera ser acometida por un órgano especializado y llevada al terreno por personas con una formación específica, que sean menos resistidas socialmente que los policías. En suma, que la violencia entronizada en los espacios urbanos de Salta es un asunto del que deben ocuparse los científicos sociales y no la Policía.
En Salta, generalmente, se plantea como alternativa a la violencia juvenil o al consumo de drogas la religión y el deporte. ¿Pero no ha pensado alguien que mejor que el desarrollo físico y espiritual (necesarios ambos) es el trabajo, en cualquiera de sus formas?
Una sociedad con niveles más altos de empleo, con empleos de mayor calidad necesariamente, más productiva, con personas mejor formadas y más comprometidas con el crecimiento colectivo, es una sociedad menos violenta.
