No es poco tiempo. Al menos no lo es para haber influido de una forma bastante consistente y persistente en las políticas federales de mejoramiento de la educación pública y de reducción de la pobreza, cuyo visible descalabro, el diario de su propiedad califica de «inexplicable».
El artículo en cuestión -fechado ayer, día 2 de septiembre de 2023- afirma que «la declinación social del país se origina a mediados de los años '70, cuando la pobreza y el deterioro laboral comenzaron a crecer exponencialmente»; pero omite decir que durante casi todo ese tiempo (40 años de 48), la familia propietaria de El Tribuno ha ejercido un ingente poder, tanto en las instituciones provinciales como en la federales.
A los 25 años del senador Romero en el palacio de Hipólito Yrigoyen 1849, se han de sumar sus 12 años de desempeño como Gobernador de Salta (1995-2007), los 4 años que sirvió su padre en el mismo cargo (1983-1987), los otros 4 que el fallecido exgobernador fue diputado nacional (1987-1991), los 4 años (aún incompletos) que su hija fue Intendenta Municipal de la ciudad de Salta (2019-2023), sin contar con el tiempo en que esta misma señora fue diputada provincial, como ahora lo es su hermano menor.
Sin dudas, es mucho tiempo para rasgarse las vestiduras por la mala marcha del país; mucho poder para tomar distancia y proclamarse inocentes de los grandes males nacionales.
Es realmente curioso que el editorial del diario salteño subraye que, desde 2011 en adelante, el Estado nacional [sic] haya duplicado el gasto público en relación al PIB. Pero ¿acaso el senador Romero no forma parte del Estado nacional? ¿O es que su escaño en el Senado federal es una beca que le concedemos los salteños para que se siente a mirar cómo el país se deteriora sin remedio?
Es poco justificable -por no decir directamente inmoral- afirmar que desde 2011 «el poder adquisitivo del salario se deterioró en la misma proporción y el Estado no ganó nada en eficiencia». El poder de compra de los salarios no solo depende de las decisiones del gobierno. Depende también, y en muy importante medida, de la intervención legislativa del Estado en las relaciones laborales. Sería muy interesante que el senador Romero nos ilustrara con detalle acerca de sus intentos parlamentarios de proteger a los trabajadores asalariados en los 25 años que lleva sentado en la cámara alta.
La eficiencia del Estado no es solo la eficiencia del gobierno. El Congreso Nacional -del que el senador Romero forma parte desde el siglo pasado- también es una institución del Estado, pero, según el diario de su propiedad, «no ganó nada en eficiencia» desde 2011. ¿De quién es la culpa entonces? ¿De los otros 71 senadores?
Pero don Juan Carlos Romero gobernó 12 años seguidos que estuvieron amparados en su totalidad en las disposiciones de aquella ley (luego extendida y «mejorada» en 2001), por lo que sorprenderse ahora de la estructuralidad de la emergencia suena a sarcasmo, cuando no a hipocresía.
El senador Romero es un férreo opositor de los gobiernos kirchneristas. Al menos se le debe reconocer una cierta coherencia en sus posturas conservadoras. Pero el ejercicio opositor -sobre todo cuando se han ejercido altas responsabilidades de gobierno y se siguen ocupando cargos importantes en las instituciones federales- debe practicarse necesariamente después de una sincera autocrítica que someta honestamente las decisiones propias al escrutinio y la crítica ciudadana.
Nadie que haya ejercido estas responsabilidades puede asumir ahora el aséptico papel de notario de la tragedia y solazarse mirando desde lo alto las ruinas humeantes de un país, como si el pasado no existiera. Las dos primeras y probablemente más importantes obligaciones del político democrático consisten en: 1) asumir la responsabilidad (de sus aciertos, pero también de sus errores) y 2) rendir cuentas a los ciudadanos.
En todo caso, es el incumplimiento de estos dos deberes fundamentales el que debe considerarse «una tragedia sin respuesta».
