¿Más derechos significa más libertad?

En principio, los nuevos «derechos» que se inventan (entrecomillo la palabra porque, aun cuando tienen la apariencia de posiciones jurídicas subjetivas, no creo que se trate de auténticas conquistas sociales sino de maniobras del poder para fragmentar aún más a las sociedades) se justifican, en general, en la necesidad de introducir más justicia en las relaciones entre los grupos sociales.

Algunos dicen también que estos «derechos» tienen por objetivo el de mejorar la visibilidad de ciertos colectivos «invisibilizados» y, por último, están los que proclaman la sacrosanta necesidad de la igualdad.

Todo esto está muy bien, por supuesto, pero ¿y nuestra libertad?

Partimos de la base de que los nuevos «derechos» y los nuevos «beneficios» para los colectivos invisibilizados, vulnerables, marginados, etc. crean correlativamente una serie de obligaciones muy estrictas, especialmente para aquellos sujetos que no forman parte de dichos colectivos. El mismo Estado que crea los derechos (porque no los «reconoce») es el que se encarga de utilizar la coerción para enderezar a quienes no los respetan.

Prueba de ello son los «cursos obligatorios» que se imparten para que las personas aprendan a pensar como el gobierno quiere que piensen sobre determinados asuntos, las frecuentes mordazas judiciales a la opinión que no coincide con la del poder o las compulsiones psicológicas para que algunos aprendan a «respetar» a aquellos a los que el gobierno considera que se debe respetar.

Desde Madame Roland al perverso frontispicio de hierro forjado de Auschwitz, la palabra libertad ha sido utilizada para justificar los crímenes más horrendos. Propongo, pues, que nos centremos en la idea de libertad que inspira y da forma a nuestros textos constitucionales.

Diría en consecuencia que no hay que ser un sabio para darse cuenta de que cuanto más herramientas ponemos en manos del Estado para hacer cumplir las normas (sean justas o injustas) los ciudadanos somos menos libres.

Y resulta que es la libertad -más que la justicia o la igualdad- la piedra angular de nuestra organización política.

El supremo valor de la libertad, que no debería discutirse, nos está diciendo que nuestra convivencia -precisamente por el uso de nuestra libertad, y no necesariamente por un mal uso- puede crear determinadas situaciones injustas o desiguales. Y nos dice también que nuestra organización política debe combatir la injusticia y la desigualdad pero sin menoscabar nuestras libertades.

Por supuesto, hay personas interesadas en vendernos que algunos de los nuevos «derechos» expanden nuestro horizonte de libertades, o, incluso que nos hacen libres, como reza la sarcástica leyenda del más terrorífico de los campos de concentración que ha conocido la historia. Sin embargo, los grupos que obtienen ventajas sectoriales sobre otros pueden progresar o aun sentirse «empoderados», pero casi siempre a costa del retroceso de otros y decididamente siempre con sacrificio de la libertad de todos.

Pero la expansión de las libertades a través de los derechos solo es posible cuando se trata de derechos de libertad (no todos lo son) y solo en la medida en que tales derechos sean reconocidos a todas las personas por el solo hecho de ser personas, y no a colectivos determinados (algunos muy minúsculos) que tienen alguna característica física, psicológica o sociológica en común.

No digo que estos grupos no deban tener derechos o no deban progresar; faltaría más. Lo que intento decir son dos cosas muy concretas: una, que los derechos que los protejan no deberían ser considerados tan alegremente como derechos fundamentales de las personas (porque esta es la mejor forma de reducir la eficacia y postergar la vigencia de los verdaderos derechos fundamentales), y otra, que la expansión de las libertades es incompatible con el activismo estatal en la protección selectiva de parcialidades.

A mí, por lo menos, no me caben dudas de que nuestra democracia es y deberá seguir siendo liberal y que, por tanto, el valor de la libertad en nuestro sistema de convivencia seguirá ocupando el nivel más alto, aun cuando se produzca una avalancha de «particularidades» en busca del paternalismo estatal en forma de «derechos».

Comprendo que es una tarea difícil, puesto que, como he dejado insinuado antes, a pesar de que la libertad nos expone a convivir con ciertos niveles de injusticia y desigualdad, no siempre es fácil encontrar las herramientas para superarlas cuando lo que se quiere es preservar las libertades; es decir, el valor supremo.

Enemigos de la libertad hay muchos y de muchas clases. Están los que abiertamente son (siempre han sido) liberticidas, pero también están aquellos que se disimulan en el «progresismo» para atacar el espacio que los seres humanos tenemos para ser nosotros mismos.

Por eso y porque muchas veces no atinamos a saber de dónde vienen los tiros, es que defender la libertad no es una tarea sencilla ni lo será.

Pero lo peor que podríamos hacer en este combate es dejarnos confundir por los segundos enemigos de la libertad (los pseudoprogresistas) y creer que la inflación de derechos supone automáticamente la mejora de nuestras libertades y una convivencia más perfecta.

La realidad es que lo que están haciendo estos nuevos «derechos» no es transformar la sociedad ni empoderar a los grupos sino reforzar la centralidad del Estado, apuntalar su omnipotencia, arrinconar al individuo y crear una tupida y enmarañada red de obligaciones irresistibles, que terminan estrechando ese espacio tan precioso -que tantos siglos ha costado conseguir- que los seres humanos tenemos -como he dicho- para ser nosotros mismos y hacer lo que nos venga en gana.