Se podrá decir que el contenido del artículo en cuestión no expresa la posición argentina en el conflicto entablado con las autoridades bolivianas por la muerte del señor Alejandro Benítez. Pero, teniendo en cuenta el peso estructural de un periódico al que el propio Gobernador de Salta le ha asignado (arbitrariamente, por supuesto) la condición de «principal referente» de la sociedad salteña, se debe tener a su opinión editorial como la postura oficial de la Provincia de Salta en relación a este conflicto.
El editorial -que acusa abiertamente a las autoridades bolivianas de encubrir graves delitos de acción pública- no razona ni repara en el hecho de que, muy frecuentemente, los ciudadanos argentinos que viajan al extranjero piensan equivocadamente que no están sujetos a las leyes locales y se comportan de manera prepotente en puestos fronterizos y comisarías, como si las leyes se tuvieran que conformar a ellos y no ellos a las leyes.
Las acusaciones infundadas pasan inmediatamente de las instituciones bolivianas a los médicos que ejercen su profesión en aquel país. El diario salteño dice que en Bolivia «se puede morir o sufrir discapacidades definitivas porque los médicos de ese país, muchos de ellos graduados sin pagar arancel alguno en universidades públicas argentinas, parecen eximidos del compromiso hipocrático».
La acusación es gravísima y merece la reacción inmediata de la profesión médica, no solo de la boliviana sino también de la argentina. Aquí se sospecha infundadamente de un apartamiento sistemático del juramento hipocrático por parte de los médicos bolivianos; pero también se da a entender, sin pruebas de ninguna naturaleza, que los médicos que pudieron haber denegado el auxilio al señor Benítez se graduaron en universidades argentinas. ¿Habrá que prohibir que los estudiantes bolivianos se matriculen en las facultades de medicina argentinas?
El artículo editorial completa el círculo de la xenofobia al cuantificar, de manera arbitraria (pues solo cita como fuente a las colectividades) que la cantidad de ciudadanos bolivianos adultos que llegaron a la Argentina con hijos pequeños «configuran una población que supera el millón y medio de personas». Con pretensiones de precisión demográfica, se deja caer que la cantidad de bolivianos que residen en la Argentina es excesiva.
Pero para distorsiones de la realidad, basta con el siguiente párrafo: «Esta preferencia por nuestro país demuestra que, acá, esas familias encuentran trabajo, educación y una actitud hospitalaria, que contrasta absolutamente con la actitud discriminatoria y violenta que padecen los turistas argentinos cuando van a Bolivia».
La comparación es absurda e improcedente, por cuanto se pone en un plato de la balanza las supuestas motivaciones del migrante que busca mejores horizontes para su familia, y en el otro el rechazo que supuestamente encuentran en Bolivia los turistas argentinos, que, según el diario salteño, solo padecen discriminación y violencia.
¿Cuál es entonces la situación de los miles de argentinos que han emigrado a Bolivia por decisión propia? ¿Están tan insatisfechos, inseguros y vapuleados en sus derechos como dice el diario salteño?
El editorial forma parte de una sostenida campaña mediática, encaminada a enturbiar las buenas relaciones que siempre han mantenido los dos países, y, en especial, los pobladores de los territorios cercanos a la frontera que los separa. Cantidades ingentes de riqueza de ambos países circula a diario por estos territorios, en las más variadas condiciones físicas y legales. No es cuestión, pues, de que por un arrebato de xenofobia o por el desplante de soberbia de un diario, que -a pesar del lugar que le otorga el gobierno- no representa a los salteños, se ponga en peligro una larga y pacífica tradición de comercio y entendimiento fronterizo.
Bien harían el Gobernador de la Provincia de Salta y el responsable de las Relaciones Internacionales de su gobierno en salir a desmentir estas falaces e interesadas afirmaciones, que nos dibuja una caricatura de Bolivia, de los bolivianos y de su peculiar idiosincrasia.
Si, efectivamente, ocurren situaciones de discriminación, xenofobia, rechazo, o desconocimiento de derechos fundamentales en territorio boliviano, en perjuicio de ocasionales visitantes argentinos, la lectura de este artículo no hará otra cosa que agravar y profundizar estas conductas. La agresión verbal será respondida seguramente con mayor dureza. Todo ello sin contar, con que el editorial contiene un alegato en favor de la reciprocidad del mal trato y de las vejaciones; es decir, un llamado a los salteños a practicar activamente el desprecio hacia los extranjeros.
Una provincia que pretende vivir de las rentas del turismo y a la que la Constitución federal obliga, sin posibilidad de escapatoria, a reconocer al extranjero -así sea un mero visitante ocasional- todos los derechos civiles del ciudadano argentino, no se puede dar el lujo de aplaudir acríticamente un arrebato de xenofobia de tamaña envergadura, tan poco elaborado y, al mismo tiempo, tan alejado de la realidad.
La República Argentina debe respetar la soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia para dictar sus propias leyes y no exigirle, como lo hace el diario El Tribuno, que sancione «leyes rigurosas» para sancionar la discriminación de los argentinos. Si Bolivia ha incumplido sus compromisos internacionales, la Argentina debe reaccionar por los procedimientos previstos, o invitarlo a suscribir nuevos acuerdos, en caso de que tales compromisos no existieran; pero nunca exigirle a un país soberano que sancione leyes internas de cualquier contenido que sean. Esto no es más que un atropello supremacista a la soberanía del país vecino.
Por el bien de la concordia y la buena vecindad, desoigamos los llamados al desprecio por los extranjeros por el solo hecho de serlos. Intentemos demostrar que, pese a invitaciones a la intolerancia tan desembozadas como esta, seguimos siendo, a pesar de todo, un pueblo apacible, que aun en situaciones extremas -como las que se han vivido con la muerte del señor Benítez- es capaz de mantener la calma y la serenidad que se precisan para no provocar inútilmente un conflicto internacional.
