Ahora se culpa a la diputada provincial Carolina Ceaglio (a la que algunos se refieren como Carolina C. Aglio) de «no haber aclarado» en la entrevista que concedió en Tarija que los bolivianos no residentes en la Argentina deberán pagar cuando se hagan atender en los hospitales públicos de Salta.
Obsérvese que ya no se la ataca por haber «invitado» a todos los bolivianos de buena voluntad a hacerse atender gratis en el hospital de Orán.
El pecado de Ceaglio consistió entonces en no distiguir (en una entrevista de televisión de menos de un minuto) entre las diferentes situaciones administrativas previstas en la ley nacional 25.871. La diputada debió de recitar, allí mismo, a pie de plaza, los 126 artículos de la ley migratoria argentina, más los 11 artículos del DNU 129/2004.
El problema no es que los bolivianos paguen o no paguen. El problema es que el hospital público salteño –con el ministro Federico Mangione a la cabeza– no quiere que los bolivianos frecuenten nuestros centros sanitarios. No los quiere ver ni en pintura. Aun que vengan con millones en las alforjas.
Peruanos de paso, todos los que quieran; pero bolivianos de paso, ninguno, parece ser el lema de algunos supremacistas que toman decisiones en Salta.
De una forma que compromete muy seriamente las históricas relaciones de buena vecindad, algunos salteños culpan a los bolivianos no solamente del colapso de los servicios sanitarios, sino también de la distorsión electoral. El padrón de Aguas Blancas es una coladera de bolivianos, dicen.
Y no solo eso. Parece que el aluvión boliviano en las urnas albohídricas da como resultado que el narcotráfico gane por goleada las elecciones municipales. Si por los bolivianos fuera, el próximo intendente de Aguas Blancas debería ser el Gringo Palavecino. Es decir: los argentinos todos unos santos (incluido Palavecino); los bolivianos todos potenciales aliados del crimen organizado.
Algunos salteños están cargando peligrosamente las tintas sobre los bolivianos, como Hitler hizo en su día con los judíos.
