El gobierno de Macron ha denominado a esta iniciativa «Etats généraux de la justice» (Estados Generales de la Justicia).
Con la concreción de esta consulta, toma cuerpo el anuncio efectuado por el Palacio del Elíseo el pasado mes de junio, tras una entrevista con el Presidente que fuera solicitada por los dos máximos magistrados de Francia: François Molins, fiscal general ante la Corte de Casación, y Chantal Arens, primer presidente de la Corte de Casación. Ambos magistrados expresaron en su momento la preocupación generalizada en la judicatura por las críticas a su lentitud y las acusaciones de laxitud por parte de sindicatos policiales y dirigentes políticos.
La idea del gobierno es la de revisar y reconsiderar el funcionamiento de la justicia, para restaurar «la confianza entre la institución y los franceses». Más en detalle, lo que se pretende es «hacer un balance del estado de justicia y formular propuestas concretas para ponerlo en el centro del debate democrático».
Pero, a diferencia de lo que ocurre actualmente en Salta, en donde una convención electa al amparo de una ley contraria a la Constitución, y gracias a un sistema electoral que no asegura la igualdad de voto, se apresta a reformar una parte importante de nuestro sistema judicial, sin haber consultado en lo más mínimo a los ciudadanos, en Francia el gobierno propone «reunir a toda la familia judicial, pero también a los ciudadanos».
El gobierno francés descarta, pues, un diálogo endogámico entre jueces y fiscales y por ello tiene previsto lanzar una primera fase de consulta on line durante lo que resta del mes de octubre y hasta mediados de noviembre próximo.
Así, los internautas, pero también colectivos como asociaciones o sindicatos, podrán realizar propuestas concretas para mejorar el funcionamiento de la institución judicial. Paralelamente, a escala local, se organizarán encuentros entre parlamentarios, ciudadanos, profesionales del Derecho, expertos en protección judicial de los jóvenes o responsables de la administración penitenciaria, para plantear otras propuestas.
No está demás recordar aquí que en Salta, mientras el gobierno provincial se empeñó en cerrar la reforma constitucional a la participación de los ciudadanos y mantiene sus propuestas en la más prudente pero más ominosa oscuridad, políticos como Edmundo Falú propusieron en su momento una discusión abierta en una plataforma electrónica pública sobre las principales materias del debate constitucional, tal cual como ahora se está haciendo en Francia.
La iniciativa francesa de Estados Generales de la Justicia prevé que al finalizar la fase de consultas más amplias, se conformarán siete grupos de trabajo temáticos que reunirán a expertos y profesionales. Estos grupos serán los encargados, hasta mediados de enero próximo, de evaluar las propuestas realizadas durante la consulta, inspiradas en el gran debate lanzado en su momento por Emmanuel Macron en respuesta a los chalecos amarillos.
Los temas decididos por el momento son siete: «Justicia civil», «justicia penal», «justicia económica y social», «justicia de protección», «justicia penitenciaria y de reinserción», «pilotaje de actividades judiciales» y «evolución de misiones y estatutos».
Por otro lado, una comisión independiente, presidida por un alto funcionario (Jean-Marc Sauvé), que presidió también la comisión que elaboró el reciente informe sobre abusos sexuales en el seno de la iglesia católica francesa, será la encargada de formular propuestas concretas en febrero de 2022. Para analizar el trabajo de los grupos, Sauvé estará acompañado -entre otros- por el presidente del Conseil national des Barreaux (el consejo nacional de la abogacía francesa), de los presidentes de las comisiones de legislación del Senado y de la Asamblea nacional, del abogado Henri Leclerc, del consejero de Estado Christian Vigouroux, así como de Yves Saint-Geours, miembro del Consejo Superior de la Magistratura.
El carácter no-partidario de la iniciativa de Macron contrasta notablemente con el sesgo oscurantista y sectario impreso por el gobierno de Gustavo Sáenz a la reforma constitucional en Salta. En Francia, en cambio, a seis meses de las próximas elecciones presidenciales, el gobierno aspira con esta consulta a hacer emerger «propuestas transpartidarias e independientes» que podrán ser utilizadas después de 2022.
Desde el Elíseo se insiste en la noción de independencia y, para subrayarla, se aclara que las propuestas nacerán de la consulta y no del Ejecutivo. No se trata -dice el gobierno- de escribir un programa judicial de cara a las elecciones presidenciales. En caso de que Macron repita como candidato a la jefatura del Estado, podrá tomar de las propuestas las que más le interesen, y lo mismo podrán hacer todos los demás candidatos.
La creciente falta de legitimidad y de credibilidad es un problema común a casi todas las instituciones judiciales de las democracias occidentales. La falta de independencia de los jueces y magistrados, así como la sospecha de influencia del poder político en sus decisiones contribuyen a forjar una imagen de la justicia alejada de los ciudadanos y de su misión primordial de garantizar los derechos fundamentales.
Pero mientras algunos países encaran estos problemas de una forma abierta, transparente y participativa, en otros lugares -como en Salta, por ejemplo- las cuestiones que afectan al funcionamiento de la justicia permanecen estratégicamente sustraídas del conocimiento general y son tratadas en pequeños círculos, sin que la discusión se proyecte a los ciudadanos interesados.
