De este modo, el tribunal ha estimado la petición de condena efectuada por la acusación pública —ejercida por la fiscal María Luján Sodero Calvet—, la acusación particular y la Asesora de Menores.
La misma sentencia acuerda que los datos genéticos del condenado sean depositados en los registros correspondientes. Sin embargo, el tribunal ha resuelto desestimar la pretensión indemnizatoria para las víctimas indirectas del suceso.
El médico y el criminólogo de la defensa, en apuros
Se dispuso además que una vez esté firme la sentencia, se remitan las constancias pertinentes a la Fiscalía que por jurisdicción corresponda, en relación a la conducta del médico forense señor Daniel Eduardo Dib, por la posible comisión del delito de falso testimonio y se remitan copias pertinentes al Tribunal de Ética del Colegio de Médicos de Salta a los fines que pudiera corresponder. También que se informe sobre la remisión de tales constancias a la autoridad que corresponda en la justicia federal, dado que es el ámbito en el que el profesional se desempeña laboralmente.Se ordenó además que se remitan las copias partinentes a la Fiscalía que corresponda, en relación a la intervención del criminólogo señor Enrique Prueguer
El tribunal ha desestimado la misma pretensión en relación con el médico psiquiatra señor Navarro.
