Dice la información oficial que se trataba de una banda organizada que operaba dentro de la cárcel de Villa Las Rosas y que estaba dedicada a la venta de droga.
La sentencia condenatoria fue pronunciada por la jueza señora María Gabriela González, integrante de la Tercera Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, a instancias del fiscal penal señor Santiago López Soto, de la UFINAR.
El castigo penal observa una estricta «igualdad de género», ya que han sido condenados cuatro hombres y cuatro mujeres. Todos los acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos, que fueron calificados jurídicamente como comercialización de droga agravada en contexto de detención.
La investigación
Durante meses de arduo trabajo, los investigadores fiscales lograron obtener pruebas contundentes sobre las tareas de acopio, distribución y comercialización de estupefacientes entre presos de la cárcel. Según la información oficial, se ha echado mano de intervenciones telefónicas, tareas de inteligencia criminal, vigilancia encubierta y allanamientos simultáneos.La intervención de UFINAR se inició tras detectar movimientos irregulares dentro del penal, al que algunos internos accedían con facilidad a sustancias ilícitas, lo que generó alertas dentro del sistema penitenciario.
La investigación permitió establecer la existencia de una red organizada compuesta por dos organizaciones criminales, con antecedentes penales en delitos contra la vida, la propiedad y la salud pública. Ambas, operaban con roles claramente definidos, lo que permitía el ingreso de estupefacientes al establecimiento bajo un esquema de alta planificación.
El modus operandi
La droga era introducida al penal por personas del entorno de los internos, que burlaban los controles de ingreso. Una vez dentro, la sustancia era fraccionada y distribuida a través de un sistema interno de comercialización, donde los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias electrónicas a cuentas de terceros.Según los fiscales, las intervenciones telefónicas resultaron fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la organización. En numerosas conversaciones, los involucrados coordinaban el ingreso de la droga, pactaban la entrega a los reclusos y establecían mecanismos para el cobro de las transacciones. También se determinó que menores de edad fueron empleados en la gestión y traslado del dinero obtenido a través de las transacciones, lo que implicó la utilización de personas vulnerables en actividades ilegales.
Durante la investigación, en varias oportunidades, se detectaron intentos frustrados de ingreso de estupefacientes, lo que llevó a reforzar las medidas de seguridad dentro de la unidad carcelaria. Sin embargo, la sofisticación del sistema implementado por la organización delictiva permitió que la actividad continuara hasta que la investigación logró desarticular su estructura.
Allanamiento de celdas
Según los fiscales, la investigación dio un vuelco cuando los fiscales de UFINAR, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto solicitaron el registro de siete celdas, 18 viviendas y la detención de los implicados.La medida fue autorizada y se llevó a cabo un operativo en el que participaron 120 agentes del orden, entre ellos investigadores del departamento de investigaciones y criminología personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y, por razones de seguridad, efectivos de la División Infantería y GOPAR.
El procedimiento arrojó como resultado el secuestro de sustancias ilícitas, teléfonos celulares utilizados para coordinar las entregas, dinero en efectivo producto de las transacciones y documentación relevante.
Los condenados
Las damas primero.Carola Alejandra Campos Arancibia fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por ser considerada partícipe secundaria en la comercialización de estupefacientes, agravado por ocurrir en un lugar de detención.
Macarena Beatriz Zalazar (o Salazar) también fue condenada a cuatro años de prisión efectiva, pero en modalidad domiciliaria (casi peatonal), por el mismo delito y grado de participación.
Marta Mariscal Ruiz fue condenada a una pena idéntica, que también cumplirá en modalidad domiciliaria, aunque en su caso fue considerada coautora material.
Érica Tamara Figueroa purgará cuatro años de prisión por ser considerada autora material un delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Ahora, ellos.
Alan Nahuel Arias fue condenado a seis años de prisión efectiva por ser autor material del comercio de estupefacientes agravado por haber ocurrido en un lugar de detención. La unificación de su pena se diferirá hasta que quede firme la prisión perpetua que ya le fue impuesta.
Carlos Javier Aparicio fue condenado a seis años de prisión efectiva por el mismo delito. Su pena se unificó con una condena previa de tres años y diez meses, resultando en una pena total de nueve años y diez meses de prisión efectiva.
Neri Julio César Carranza también fue condenado a seis años de prisión efectiva por el mismo delito. Su condena fue unificada con una sentencia anterior de cinco años y dos meses, imponiéndole una pena única de once años y dos meses.
Por último, Matías Ángel Marcelino Rojo, en una situación similar, cumplirá una pena total de doce años y dos meses de prisión efectiva por la unificación de una condena previa.
