La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, señora Ana Inés Salinas Odorisio, ha resuelto imputar a otra persona más el delito de fraude a la administración pública. Según el MPF, la investigación ha puesto de manifiesto que ambos actuaron en complicidad.
En cuanto a las sanciones impuestas por el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo del gobierno provincial, por la falta de entrega de los bienes adquiridos y por la rescisión contractual atribuible al adjudicatario, las cantidades de 606.750 y 2.427.000 pesos fueron actualizadas a 2.757.800,10 y 11.031.200,40 pesos, respectivamente.
La causa
La investigación fiscal se originó tras una denuncia formulada en marzo de 2023 contra el representante en Salta de la empresa Conde Automotores S.R.L. Según esta denuncia, el acusado presentó una oferta en la contratación abreviada nº 235/2022, tramitada por la Secretaría de Contrataciones del Ministerio de Economía y Servicios Públicos de Salta, para la adquisición de dos camionetas: una marca Nissan y la otra Renault.A pesar de que la oferta fue preadjudicada por 24.270.000 pesos y se emitió una orden de compra por dicha cantidad, los vehículos nunca fueron entregados.
Según la investigación de la UDEC, los imputados anularon las facturas de los vehículos una vez recibida la transferencia de dinero de la Tesorería de la Provincia. Posteriormente hicieron transferencias a terceros, (las empresas Grandote S.A. y Clama S.A., además de efectuar pagos a individuos particulares.
Mientras los acusados afirmaban falsamente que uno de los vehículos estaba en proceso de patentamiento a favor del Estado provincial, solicitaron un pago adicional injustificado para retrasar la entrega.
Hasta el momento, las unidades aún no han sido entregadas.
