Según la información oficial, la investigación trae su causa de la denuncia formulada por un hombre de 35 años de edad, que puso en conocimiento de la autoridad que fue engañado en la compra de una fracción de tierra en Atocha.
El letrado habría asegurado que iniciaría acciones judiciales para lograr la cesión de las tierras, solicitando a los interesados la firma de poderes para su representación. Además, les habría indicado que el trámite estaba avanzado, con aprobaciones administrativas e incluso con resoluciones favorables, prometiendo la entrega de los terrenos bajo el nombre de “Loteo Las Victorias”.
En febrero de 2026 se habrían sumado una supuesta gestora y otro abogado, quienes comenzaron a exigir pagos cercanos a los 450.000 pesos por persona, en concepto de trámites administrativos, limpieza de terrenos y gestiones ante organismos públicos.
La maniobra habría afectado —según los fiscales— a unas 400 personas, que desembolsaron cantidades que van desde los 500.000 pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia. Los pagos se efectuaban en efectivo o mediante transferencias, en domicilios particulares o en el estudio jurídico del profesional, con entrega irregular de comprobantes.
Según los fiscales, el pasado 16 de abril, un grupo de perjudicados se presentó en la Casa de Gobierno de Salta, en donde fueron informados por autoridades responsables de que las gestiones atribuidas al abogado carecían de sustento legal, que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes y que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.
Asimismo, desde el organismo de Tierra y Bienes indicaron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron formular la denuncia formal.
Dicen los fiscales que de las averiguaciones practicas surge que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos, lo que agrava la situación de las familias afectadas.
Con estos elementos, Ramos Ossorio ha convocado a todas aquellas personas que resultaron perjudicadas por estas maniobras a que se presenten en la delegación fiscal de Delegación San Lorenzo, con la documentación correspondiente, a fin de avanzar en la investigación.
Ramos Ossorio ha informado también que se han practicado tres registros domiciliarios en donde se procedió a la intervención de documentación relacionada con la maniobra y que la Fiscalía trabaja con la hipótesis de que se trata de una organización que captaba, a través de punteros, familias en situación vulnerable y recaudaba dinero bajo promesas de adjudicación de propiedad inmobiliaria.
Reacción del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta
La investigación no ha pasado desapercibida para la corporación pública, cuyo Consejo Directivo ha resuelto someter al Tribunal de Ética y Disciplina de la institución la actuación del letrado Santiago Eduardo Pedroza.Según informaciones periodísticas, la dirección del Colegio ha pedido al Tribunal de Ética y Disciplina que, en el marco de la información sumaria cuya apertura se ha solicitado, acuerde la urgente suspensión preventiva de Pedroza como letrado colegiado.
En una resolución de fecha 23 de abril de 2026 y que lleva el número 096/2026, el Consejo Directivo se refiere a las «masivas denuncias públicas y penales» (hace solo seis días los fiscales hablaban de una sola denuncia) que involucran al letrado señor Pedroza por la presunta comisión de estafas reiteradas vinculadas a la adjudicación de inmuebles en la zona de Atocha.
En los considerandos de la resolución corporativa se puede leer lo siguiente: «el letrado habría invocado trámites inexistentes y resoluciones favorables sobre terrenos declarados inhabitables e inundables, induciendo a error a personas en situación de extrema vulnerabilidad social mediante el cobro de sumas que oscilan entre los $500.000 y los $8.000.000».
La resolución alude también a unos audios en los que se escucha «la propia voz de Pedroza quien efectúa requerimientos dinerarios y promete gestiones que carecerían de sustento administrativo real».
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta considera que la conducta atribuida a Santiago Eduardo Pedroza configura una «gravísima vulneración a los principios esenciales que rigen el ejercicio de la abogacía: la lealtad, la probidad y la buena fe, que el abogado debe observar en todo momento».
Y añade que la gravedad conducta atribuida al letrado señor Pedroza amerita la puesta en marcha del poder disciplinario corporativo pevisto y regulado en el artículo 98 de la ley provincial 5412.
