En la Ciudad Judicial se han dado cita fiscales federales, representantes del Ministerio de Seguridad y Justicia, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de la Municipalidad de Salta, del Ente Regulador de los Servicios Públicos y de las empresas EDESA y Aguas del Norte.
La convocatoria parte de la base de que es la venta ilegal de cobre la que está detrás de estos delitos (robo de medidores y de transformadores de energía eléctrica) que perjudica tanto a empresas como a usuarios en diferentes ámbitos y espacios jurisdiccionales, y que obstaculiza la normal prestación de los servicios.
Informa el MPF salteño que durante la reunión de esta mañana se acordó en que es necesario evitar la dispersión de las investigaciones de estos delitos y su tratamiento como hechos aislados.
A tal fin, se han establecido dos grupos técnicos operativos de trabajo: Uno, encargado de desarrollar estrategias, llevar a cabo operativos y entrecruzar datos. El otro es un grupo técnico jurídico que hará propuestas para la actualización normativa.
Uno de los objetivos principales, según se ha dicho, es el de lograr que el castigo penal no alcance solamente a quienes cometen los robos sino que la persecución se extienda a los grandes operadores, que son señalados como responsables de organizar los robos y el transporte del metal.
Según la información oficial, se cursará invitación a representantes de la empresa GASNOR, la Dirección General de Aduanas, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Salta, la empresa LUSAL y fuerzas federales de seguridad.
