Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal salteño, ambas deberán responder por actos patrimoniales otorgados en el año 2020 y que recayeron sobre bienes que no les pertenecían y que habían sido recolectados para hacer donaciones a comunidades originarias.
Las sesiones del juicio se extenderán, según lo anunciado, hasta el próximo día viernes 9 de mayo. Se espera que declaren unos 80 testigos.
La información del MPF de Salta dice que las actuaciones de la Fiscalía se iniciaron a partir de la denuncia radicada por otra Díaz (en este caso, Sandra), que dijo que las denunciadas, Rosa Díaz y Paola Díaz, almacenaban en el inmueble que era de su madre diversos bienes que habían sido donados el año anterior por la Fundación Nobles, de la Provincia de Santa Fe.
Tanto la colecta de los bienes como su traslado a la ciudad de Tartagal estuvieron a cargo de los responsables de la Fundación, quienes a su vez, se contactaron al grupo denominado “Corazones Solidarios” -integrado por las hermanas Díaz- para que colaboraran con la logística de entrega a sus destinatarios, que eran los integrantes de comunidades originarias de la zona.
Sandra Díaz denunció que algunos de los bienes donados fueron vendidos, y que Rosa Díaz le anticipó que “la mercadería que estaba guardada era para cuando Paola se postule para diputada”.
La investigación fiscal ha revelado una parte de las donaciones recibidas nunca fueron entregadas a sus destinatarios y que los bienes que la integraban fueron dejados en el inmueble de la familia de las imputadas Rosa Díaz y Paola Díaz un año antes de su secuestro por orden judicial.
Testigos afirman que parte de las donaciones fue vendida, mientras que otra parte permanecía guardada, con la intención de ser utilizada en una eventual campaña electoral de Paola Díaz. Surgió también de la investigación que tanto Rosa Díaz como Paola Díaz actuaban de manera conjunta en decisiones adoptadas respecto del destino de los bienes donados. Se determinó asimismo que ambas, no solamente estaban al tanto de que su madre, Zulema Hurtado, vendía prendas y calzados provenientes de dichas donaciones, sino que también percibían el dinero producto de esas ventas.
La información oficial del MPF recuerda que Rosa Fabiola Díaz fue denunciada por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por el entonces Defensor General, Pedro García Castiella, en relación a la Defensoría Oficial Civil n.º 1 de Tartagal.
En dicha denuncia se indicaron los hechos constitutivos de mala conducta, mal desempeño y falta de cumplimiento de su titular, toda vez que se advirtieron una cantidad desmedida de trámites pendientes de inicio y en otros casos, de abandono o una inacción, que se traduce en una ausencia de respuesta a sus asistidos.
