Maizares ha sido imputado por la fiscal de un delito de peculado del artículo 261 del Codigo Penal, por haber, presuntamente, sustraído caudales públicos cuya administración le fue confiada por razón de su función.
Según Salinas Odorisio, el imputado Maizares llegó a ingresar ilegalmente a su cuenta-sueldo la cantidad de $ 3.665.630,11 pertenecientes al erario, maniobra que intentaba ocultar encubriendo la deuda contraída con unos proveedores con el pago extemporáneo a otros.
La denuncia de los hechos fue formulada a finales de enero de 2022 por la entonces Administradora General del Servicio de Administración Financiera de la Gobernación, Lucrecia Fátima Cintioni.
A raíz de la queja de un proveedor que afirmó no haber recibido una transferencia de pago, a pesar de que la misma figuraba como emitida por la SAF en una fecha determinada, Cintioni descubrió que el dinero había sido ingresado a la cuenta personal de Maizares, que unos días después transfirió el pago al proveedor, pero desde su propia cuenta, no desde la cuenta oficial del gobierno.
La investigación fiscal puso de manifiesto al menos ocho maniobras similares, todas ellas ejecutadas con la misma modalidad y, aparentemente, encadenadas unas con otras. Todos los proveedores perjudicados reclamaron en su momento la manipulación de sus transferencias.
Según el escrito de requerimiento de juicio, Maizares desviaba el dinero de forma intencional, para beneficio propio, adulterando para ello un archivo de texto emitido automáticamente por el sistema informático centralizado de administración contable. La adulteración -impercetible, porque Maizares guardaba registros duplicados de los archivos- permitía que las transferencias se redirigieran fraudulentamente a su propia cuenta bancaria, sin apenas dejar huella de la manipulación informática.
La investigación reveló también que el agente infiel aprovechaba la demora de los bancos en acreditar las transferencias para ocultar sus movimientos ilegales.
Salinas Odorisio ha solicitado que Maizares sea juzgado y ha propuesto como testigos a la denunciante y a varios de los proveedores afectados.
