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  • Juicio penal en Salta
  • En la segunda jornada del juicio, el exintendente de Iruya prestó declaración negando haber cometido los delitos de los que se lo acusa.
Vista de Iruya
Vista de Iruya

Según la información oficial del Ministerio Público Fiscal de Salta, las audiencias continuarán mañana, día martes 5 en Salta, y el miércoles día 6 en Iruya.



Alfredo Daniel Soto, que fue Intendente Municipal de Iruya entre 2015 y 2019 está acusado de dos delitos de peculado.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, señora Ana Inés Salinas Odorisio, formuló al acusado pregunta sobre los hechos, pero el exintendente sostuvo su versión de los hechos y negó la acusación en su contra.

En la misma sesión declaró como testigo una contadora del Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que detalló los pasos seguidos durante la investigación penal y las inconsistencias encontradas en el manejo de fondos públicos en el Municipio de Iruya durante la gestión del exintendente acusado, tal como se refleja en el informe pericial del CIF. Por último, declararon otros testigos que habían sido ofrecidos por la defensa del acusado.

Las actuaciones fiscales se iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya formulara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Según lo expuesto por la fiscal Salinas Odorisio, el acusado, en su calidad de Intendente, emitió el 6 de diciembre de 2019 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de 970.000 pesos, los cuales cobró personalmente el 9 de diciembre de 2019. No existe constancia del destino de estos fondos y, según la denuncia, no se ha realizado una rendición de cuentas ante la Municipalidad.

En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC considera que el exintendente acusado omitió rendir la cantidad de 5.878.073,43 pesos, de los casi 15 millones que la comuna había recibido en su momento del Ministerio de Desarrollo Social y que correspondían a los programas sociales AIPAS (Asistencia Crítica y Pan Casero).

Por otro lado, la auditoría interna de la Municipalidad de Iruya puso de manifiesto la existencia de un faltante de casi 8 millones de pesos y un informe de cheques rechazados reveló que, un día antes de la finalización del mandato del exintendente, este había librado títulos por un importe equivalente a 5.397.032,62 pesos.



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