En concreto, los fiscales investigan a funcionarios del Servicio Penitenciario que podrían haber exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.
Para los fiscales, «los imputados, en su carácter de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, con situación de revista en la Unidad Carcelaria nº 1 de esta Provincia, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades, como así también de su jerarquía y antigüedad, habrían exigido durante el periodo del año 2022-2023 indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados, consistentes en la entrega de sumas de dinero o de otro elemento de su interés, a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena (buenas calificaciones en concepto/conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja, cambios de pabellón, etc), y/o el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos conforme el reglamento interno de las Unidades Carcelarias creado por Decreto 6930/72 (celulares, cargadores, comidas, bebidas, etcétera)».
Uno de estos agentes también fue imputado, junto a otros dos funcionarios, por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada, por ser realizada en un lugar de detención y por ser cometida por funcionarios encargados de la guarda de presos.
En total, son siete los carceleros imputados.
Por otra parte, un hombre privado de su libertad fue imputado provisionalmente por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada y por ser realizada en lugar de detención.
Por último, un hombre y cinco mujeres (entre las que se encuentra una trabajadora del Ministerio de Educación de Salta que se encuentra detenida) fueron imputados por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de más de tres personas en forma organizada.
Los fiscales sostienen que los funcionarios del Servicio Penitenciario habrían participado en el engranaje conformado por internos de la Unidad Carcelaria. Uno de ellos habría utilizado dispositivos telefónicos, oportunamente intervenidos, comunicándose periódicamente con su madre, quien sería el nexo externo que administraba la distribución del dinero producto de la comercialización de estupefacientes, a su vez vinculada junto a los otros imputados.
En cuanto a otras dos mujeres detenidas durante el operativo efectuado el miércoles pasado, la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR) y fueron imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
