La pena decidida por el señor Sangari es de tres años de prisión de ejecución condicional, lo que supone que la condenada no ingresará en prisión, a menos que deje de cumplir con las reglas de conducta que le ha impuesto el juez.
Según el portavoz de prensa de la Corte de Justicia de Salta el juez Sangari ha admitido en concepto de reparación del daño causado el pago de 6 millones a uno de los perjudicados (tres millones de pesos los pagó en el acto y el saldo en dos cuotas consecutivas de 1,5 millones) y de 600 mil pesos a otro.
De acuerdo con la misma fuente, la condenada alquiló coches que no devolvió a la agencia en la fecha pactada. Cuando tuvo los vehículos en su poder, cortó las comunicaciones con las empresas y llevó uno de los coches a Bolivia «con fines ilícitos» que la información oficial no detalla.
Posteriormente, la condenada se presentó en otras tres empresas dedicadas a la misma actividad para alquilar coches, pero los propietarios de estas empresas fueron advertidos por los otros perjudicados mediante mensajes enviados a un grupo de WhatsApp de varios rent a car de la ciudad.
