La cita es a las 10.30 en el edificio central de la Procuración General. Allí, García Castiella precisará, previsiblemente, los motivos que avalan su acusación contra Laurenci de negligencia y omisión de cumplimiento de sus deberes, en relación con la fuga del condenado Lino Ademar Moreno. Se espera que el Procurador General explique por qué considera que la integridad del juez de Orán se encuentra en entredicho y que ha perdido la capacidad para ejercer adecuadamente las funciones de su cargo.
Los antecedentes de Moreno
Según el MPF, Lino Ademar Moreno fue condenado inicialmente a seis años de prisión por los delitos de homicidio en grado de tentativa y abuso de armas en concurso real.Sin embargo, Moreno se fugó en el año 2001 y no cumplió su pena. Posteriormente, tras ser nuevamente detenido, en febrero de 2005 fue condenado a otros seis años de prisión por los delitos de evasión, robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravada. En mayo de aquel año se unificaron las dos condenas iniciales y se impuso al reo una pena de doce años de prisión.
Sin embargo, Moreno logró escapar nuevamente el 30 de agosto de 2006. Fue durante esta evasión que cometió el asesinato de Liliana Ledesma, que propició su última condena, pronunciada en junio de 2010. En aquella fecha, la Primera Sala del Tribunal de Juicio de la ciudad de la Nueva Orán lo declaró culpable de un delito de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas.
En junio de 2016 el propio juez Edgardo Laurenci unificó las numerosas condenas de Moreno en una pena única de prisión perpetua.
Las decisiones de Laurenci
Prosigue la comunición del MPF salteño diciendo que Laurenci, en su carácter de juez de ejecución penitenciaria, resolvió conceder salidas transitorias de la cárcel a Moreno, pese a la negativa fundada de la Fiscal actuante y de la familia de la víctima.Para justificar su decisión, Laurenci argumentó que Moreno reunía los requisitos necesarios para acceder a tal beneficio. El magistrado dijo también en su momento que el reo cumplía regularmente los reglamentos vigentes y las condiciones establecidas, que observaba una «conducta ejemplar» y que acreditaba el cumplimiento de más de la mitad de la pena que se le había impuesto.
Sin embargo, el pasado 18 de junio, después de uno de sus permisos de salida, Moreno no regresó a la cárcel. Según el MPF, Laurenci fue anoticiado el mismo día por el Servicio Penitenciario mediante una llamada telefónica. Dice también el MPF que Laurenci «se limitó a solicitar al Servicio Penitenciario que le remita las actuaciones».
Una vez que las actuaciones estuvieron sobre la mesa del juez, este decidió «correr vistas improcedentes», según el MPF, y el 6 de julio de 2023 (esto es, 18 días después de constatada la fuga) resolvía revocar el beneficio que había concedido y ordenaba a la Policía que se constituya en el domicilio del cual se había escapado Moreno para proceder a su detención.
Siempre según el Ministerio Público Fiscal de Salta, el 9 de agosto de 2023 -52 días después de la fuga- Laurenci corrigió el oficio enviado a la Policía, pero hasta la fecha no se ha conseguido localizar el paradero de Moreno.
La actuación del Procurador General
El mismo 9 de agosto, García Castiella solicitó se dirigió por escrito a la presidenta de la Corte de Justicia, para solicitarle copias de los expedientes relacionados con el caso. La solicitud fue inmediatamente atendida por la presidenta del tribunal.El Procurador General se dirigió también a la Fiscal de Graves Atentados contra las Personas del Distrito Judicial de Orán, señora Claudia Carreras, para pedirle información sobre el asunto. Lo mismo hizo en relación con el Ministerio de Seguridad y Justicia, al que pidió copias de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Penitenciario. Las copias solicitadas fueron remitidas el 31 de agosto.
García Castiella se dirigió también al Jefe de Policía de la Provincia para que informara las medidas adoptadas y las actuaciones practicadas por la fuerza para dar con el paradero del fugitivo, pero hasta el momento, según el MPF, el requerimiento no ha sido respondido.
Según los términos de la denuncia, «el rápido accionar ante un supuesto como el que le fue comunicado podría haber conllevado a lograr la captura de Moreno y así neutralizar la fuga que hoy se verifica».
Para García Castiella, los incumplimientos de Laurenci constituyen «hechos graves» que razonablemente permiten poner en duda la rectitud de conducta del magistrado y su capacidad para el normal desempeño de la función que le fue confiada. Considera también que se ha producido un daño a la justicia como función del Estado y «menoscabo de la investidura jurisdiccional».
