El mismo sindicalista podría haber dicho, con idénticas intenciones, «no es modernización, es desregulación» (palabra que designa una auténtica catástrofe en las relaciones de trabajo), pero ha elegido el término «flexibilización» porque entiende que, a los oídos de los obreros, suena mucho peor.
Al cambio, vendría a ser la trasposición a nivel nacional de la «doctrina de la modernización» que, con cándido entusiasmo, aplica en Salta el funcionario que cobra un sueldo por «modernizar» el Estado provincial, mientras los datos personales de salteños y salteñas se filtran por las tuberías digitales sin ningún tipo de control.
Es decir, una mera fachada, útil en todo caso para ocultar comportamientos atávicos y claramente regresivos.
Se debe reconocer que el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier Milei contiene muy pocos elementos «flexibilizadores», en sentido estricto. Por tanto, no es la «flexibilización» lo que debe preocupar a los asalariados, sino el significativo desplazamiento del poder en los centros de trabajo y en la negociación colectiva que planea el gobierno y que concretará, seguramente, si se aprueba una ley regresiva y reaccionaria que devuelve al empresario individual potestades que había perdido ya en el siglo XIX.
El problema no es tanto que el gobierno pretenda atrasar un siglo y medio el reloj de las relaciones de trabajo, sino que los sindicalistas utilicen, para oponerse, los mismos argumentos que hace 150 años.
La primera victoria del gobierno, por tanto, se ha alcanzado aun antes de votar la ley. Los impulsores de la reforma, con muy poco esfuerzo, han conseguido hacer aflorar una reacción sindical de épocas claramente superadas.
Todo ello, sin contar con que algunos sindicalistas, voluntariamente, han escogido enfrentar la reforma encastillados en el venerable pero inútil museo de las antiguallas sociales, donde duermen el sueño de la historia los experimentos que otras generaciones sabiamente han desechado.
