Mayor grado de flexibilidad laboral no debe de haber en ninguna otra parte del mundo.
Los pocos sindicatos que en Salta funcionan razonablemente bien, se dedican a protegerse primero a ellos, y, en un segundo lugar, a los obreros que ya están protegidos. Por tanto, hacen la vista gorda frente al disgregador fenómeno del trabajo no registrado, porque, en su mayoría, ellos -los sindicatos- viven de los mismos empresarios que contratan en negro. En la defensa del statu quo se oculta buena parte de su éxito.
La excepción la constituyen los trabajadores transfronterizos, que no solo tienen la facilidad de pasar de un lado al otro del borde sin que casi nadie se dé cuenta, sino que además disfrutan de la ventaja de que, por su apariencia o su forma de hablar, pueden pasar tranquilamente por oriundos; salvo en los hospitales, en donde se los ficha enseguida y se les pasa la factura.
Pero cuando el trabajador extranjero tiene otras particularidades étnicas o culturales, es más difícil que pase desapercibido.
Mientras todo esto sucede, el gobierno se empeña en que las empresas que aquí se establecen contraten mano de obra salteña. No solo lo sugiere sino que lo impone en leyes, ordenanzas y contratos, el cual más pomposo y solemne.
Pero aun con la compulsión por delante, ciertas empresas -erre que erre- prefieren contratar trabajadores de fuera, aunque ello les exponga a graves sanciones.
No se trata de un capricho, ni de un desprecio concertado hacia el trabajador nativo. Es un frío cálculo económico: el trabajador foráneo les hace ganar más dinero que el trabajador salteño. No hay dudas de ello.
La razón de este curioso fenómeno parece ser una sola: el nivel educativo no sirve de mucho si el trabajador no es capaz de demostrar que «sabe hacer» lo que el empresario necesita para ganar dinero.
La ley del «cupo salteño» (que nace del inútil y desproporcionado «orgullo salteño») no asegura, ni por aproximación, que los nuestros accedan a los mejores empleos que proporcionan las empresas que invierten en nuestra tierra. Nos tenemos que conformar con lo que sobra, y esto no debería ser motivo para agitar el poncho de felicidad, como lo hacen algunos.
Si a eso le sumamos que a las mismas empresas les concedemos larguísimas exenciones fiscales, les tendemos prolijas alfombras rojas cada vez que van a contarle al Gobernador cómo van sus negocios y reverenciamos a sus gestores como si fuesen el Mesías, al final, los beneficios que se esperan de las inversiones foráneas se limitan a unos cuantos «vivos» locales que les llevan la contabilidad menuda, les alquilan las máquinas, les ayudan a construir sus plantas y les hacen la manicura a sus mascotas.
El prometido «shock» del empleo (de calidad y en abundancia) deberá esperar.
