Según la fiscal señora Ana Inés Salinas Odorisio, de los 16 detenidos esta mañana en relación con la organización delictiva investigada, por lo menos tres son altos oficiales del Servicio Penitenciario. Otros cuatro detenidos pertenecen la misma fuerza.
Ha dicho en rueda de prensa la fiscal Salinas Odorisio que durante la investigación se ha obtenido información de los movimientos de cientos de cuentas bancarias abiertas a nombre de personas sospechosas. El análisis de estas cuentas confirma la existencia de una red de clientelismo carcelario que uno de los fiscales ha calificado de «muy aceitada».
Los fiscales también han confirmado que, con la autorización del Juez de Garantías nº 3 de la ciudad de Salta, señor Antonio Pastrana, se ha procedido a practicar 37 registros domiciliarios.
Aún no se ha podido cuantificar ni el dinero ni la droga habida en estos procedimientos, pero los fiscales dan por descontado que el resultado de los mismos dará lugar a nuevas líneas de investigación y, seguramente, a nuevas detenciones.
Aunque en un estadio preliminar, la investigación pone de manifiesto la existencia de corrupción a gran escala en una institución que depende estrechamente del gobierno.
Hasta el momento, ningún responsable político ha salido a comentar los acontecimientos. Solo se ha conocido un escueto comunicado del Ministerio de Educación, tomando distancia del registro practicado por la Policía en sus oficinas de Lavalle 550, vinculado en cualquier caso a una empleada -ahora detenida- que tendría conexión con los sospechosos de la trama corrupta.
Cabe recordar que, sin perjuicio de las atribuciones legales reconocidas al Ministerio de Seguridad de gobierno provincial (Art. 26.8 de la Ley 8171), la Constitución de Salta incluye entre los deberes de la Corte de Justicia el de velar por el correcto cumplimiento de las leyes y garantías y de los derechos humanos en las cárceles y todo otro establecimiento de internación (Art. 166 letra e) .
