El Ministro de Infraestructura del gobierno provincial de Salta, el romerista señor Sergio Darío Camacho, parece no haberse enterado, no solo del resultado de las elecciones, sino de lo que decidieron libremente los argentinos con su voto.
Las pocas obras públicas que se ejecutan en Salta, bajo la aguda guía del señor Camacho, son de pésima calidad y no contribuyen a superar el atraso infraestructural que arrastra Salta desde que la gobernara su antiguo jefe, don Juan Carlos Romero.
El gobierno de Salta, por conducto de Camacho, quiere instalar la idea de que «las obras públicas son gasto social», cuando a los únicos a los que «beneficia» son a los dueños de las empresas que consiguen las contratas.
Los electores soberanos han votado acabar con la obra pública clientelar (la que gestiona con manga ancha don Camacho) y quieren que no se toquen las partidas destinadas a políticas sociales, como también ha prometido Milei que no hará.
Actualmente, los salteños pagan religiosamente las obras públicas más inútiles y deficientes (las que gestiona con manga ancha don Camacho), no con una ley de contribuciones y mejoras, sino con un triple impuesto diabólico:
1. El impuesto inflacionario (cercano al 150% por año)
2. El impuesto de la corrupción (sobreprecios y retornos)
3. El impuesto del trabajo en negro (más del 60% de los trabajadores activos)
Cuando el gobierno nacional «financia» las obras en territorio provincial echa mano de la máquina de imprimir billetes (lo que aumenta el potencial dañino de la inflación) y, además, los salteños (no todos, sino algunos) pagan los impuestos que recauda la AFIP, de modo que nadie en Salta (ni siquiera Camacho) tiene cloacas ni carreteras gratis, como él dice.
Probablemente Milei no acierte a acabar con ese circuito maléfico; pero lo que es casi seguro es que, si hace lo que prometió -y los ciudadanos votaron- el que tenga que buscarse mejor cosa para hacer con su tiempo es el ministro Camacho.
O sea que razón para preocuparse tiene.
