Haciendo una interpretación muy particular del artículo 11 de la ley provincial 8010, el Tribunal Electoral dispuso que ni los votos ni las pantallas se podían fotografiar, pensando que detrás de ese gesto se esconde la compra de votos.
Sin preocuparse por averiguar la veracidad del rumor, el Tribunal Electoral de Salta decidió cortar el circuito, pero por la parte más vulnerable y a la vez más fácil; es decir, por quien teóricamente «vende» su voto, dejando campar a sus anchas, sin molestarlos en lo más mínimo, a quienes pudieran «comprarlos». Bastaba con averiguar a qué número de teléfono los electores enviaban la foto de su voto para tener un hilo de investigación, pero a nadie se le ocurrió hacer eso, confirmando así que al Tribunal Electoral le entra un miedo escénico irrefrenable cuando topa con algún poderoso.
Algunos ciudadanos pagaron su falta con la privación de su libertad por parte de la Policía y otros con la anulación de su voto, lo cual es todavía más grave que lo primero.
Entre los detenidos en Salta no figura ningún comprador de votos. La explicación es muy sencilla: el Tribunal Electoral los ha dejado actuar sin ponerlos en aprietos en ningún momento, como por cierto hizo con los candidatos que abusaron del dinero público para sufragar sus campañas, a quienes se dejó hacer lo que quisieran.
La compra de votos en Melilla
Melilla es una de las dos ciudades autónomas españolas emplazadas en el norte de África. Está habitada por algo más de 85.000 personas y ha llamado la atención de las autoridades judiciales y electorales (en España no son la misma cosa), que más del 20% de los ciudadanos en condiciones de votar pidieran hacerlo por correo, duplicando el número de peticiones de las pasadas elecciones locales de 2019.Al final, la Brigada Provincial de Información y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la ciudad de Melilla consiguieron determinar que una red criminal que operaba en la ciudad consiguió hacerse con no menos de 10.000 papeletas para el sufragio postal, a cambio de cantidades que oscilaban entre los 50 y los 200 euros.
¿Cómo se explica que habiendo por lo menos 10.000 «vendedores» de votos solo se haya detenido a 10 personas?
La respuesta es muy simple: recibir dinero a cambio del voto no puede jamás ser considerado delito; si acaso, una falta menor cuya sanción depende de que, efectivamente, se pruebe algo casi imposible de probar y es que alguien que ha recibido una determinada cantidad de dinero lo ha hecho a cambio de su voto, y precisamente en el día en que su libertad es infinita. Es tan difícil probar esto como que alguien ha vendido su alma al diablo.
Comprar los votos no es ya una conducta tan inocente, pues puede configurar un delito. En el caso de España, un delito contra la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y, en su caso, también otro de pertenencia a grupo criminal.
Al parecer, y según la versión de los investigadores, barriadas completas habrían accedido a vender sus sufragios a los miembros de esta trama formada tanto por ciudadanos españoles como marroquíes. Entre los 10 detenidos hay un candidato -el número 3 del partido Coalición por Melilla- y el yerno del presidente del mismo partido.
Si la justicia española y la policía que la auxilia emplearan los criterios del Tribunal Electoral de Salta, ya estarían tras las rejas los 10.000 melillenses que accedieron a recibir dinero por su voto. Es decir, el 12% de los habitantes de la ciudad. Si existiese en Melilla algo parecido a la Alcaldía General que funciona en Salta, a buen seguro que a estas horas estaría a reventar. Como lo está la de Salta, aun sin delincuentes electorales.
