Se queja la señora Bettina Romero, y con bastante razón, de que la campaña electoral en la que ella está embarcada sin moverse un milímetro de su sillón oficial sufre permanentes intoxicaciones, con mentiras e insultos que la tienen a ella como destinataria.
Las campañas no solo deben calificarse como «sucias» cuando el dinero de procedencia ilegal financia la publicación de insultos, mentiras y fake news, sino que también son «sucias» aquellas campañas en las que el dinero de los contribuyentes, sean neutrales o partisanos, sirve para financiar el proselitismo de quienes, como la señora Romero, desarrollan su campaña desde un cargo público que no han abandonado.
La señora Intendenta Municipal de Salta ve la paja en el ojo ajeno, mientras que en el propio hay una viga de varias decenas de millones de pesos que, sin explicación convincente por parte de las funcionarias responsables, ha ido a parar a una empresa foránea, que al parecer se encarga de llenarnos los ojos con los anuncios fucsia de la Municipalidad de Salta, invariablemente rematados por la leyenda proselitista «Bettina Intendenta».
¿Es que los fiscales se deben ocupar de las campañas «sucias» contra la señora Romero y negarse a investigar si hay dinero público ilegalmente empleado en la financiación de su propia campaña?

En el banner que se adjunta hay un claro error tipográfico (dice «médioo» en vez de «médico»). Este tipo de errores no se puede cometer cuando se gasta tanto dinero en producir material publicitario que, se supone, es sometido por sus creadores a un intenso y exhaustivo control de calidad.
Ya es tarde, por supuesto, para que la señora Romero elimine la rúbrica «Bettina Intendenta» que pagan sin derecho todos los vecinos de Salta, incluidos los que están en contra de ella y no piensan votarla. Tarde también para que el ineficiente y parcial Tribunal Electoral de Salta intervenga para declarar el derecho vigente y señalar a quienes lo han transgredido.
Pero no es tarde para dos cosas:
1) para que las elusivas funcionarias llamadas varias veces a dar explicaciones al Concejo Deliberante sobre la millonaria contratación, armen una carpeta y se presenten al recinto; y
2) para que los electores que van a decidir quién será el próximo Intendente Municipal de la ciudad de Salta se lo piensen bien y no voten a los que les han hecho daño y puesto por delante sus intereses personales, en desmedro del interés general de los vecinos.