Este descenso de la participación, en términos relativos, es realmente poco significativo y si algún rasgo del sistema pone de manifiesto este no es otro que el de la madurez y el rodaje de las instituciones.
Se estima que, desde finales de los años 60 del pasado siglo, el nivel de participación en unas elecciones legislativas o presidenciales ha pasado, en promedio, de un 75% a un 63%.
Son variados los factores que explican este retroceso, pero entre los más importantes se cuentan, sin dudas, el cambio generacional y la repetición más o menos puntual de las citas electorales.
En la Argentina se puede advertir claramente que mientras los ciudadanos acudían a votar bajo cualquier circunstancia en los años 80 y 90 del siglo pasado, en las dos primeras décadas del XXI parece haberse consolidado una tendencia a votar solamente cuando los titulares del derecho perciben que algo puede cambiar o que hay cuestiones delicadas en juego.
En el caso de Salta, parece evidente que repetición puntual de las elecciones, la desagregación territorial de la oferta, el inmovilismo institucional y esa especie de oligopolio partidario, cuidadosamente oculto detrás de un tupida cortina de un pluralismo, han moldeado unos nuevos patrones de participación política, mucho más fluctuantes, que varían según el contexto.
La de ayer no ha sido percibida por el electorado –porque no lo eran– como unas elecciones decisivas o interesantes. La campaña proselitista ha sido felizmente breve y en los seis meses anteriores a los comicios la atención ciudadana ha estado más enfocada en procesos políticos y económicos que se están produciendo fuera de nuestras fronteras.
En este contexto, la retracción de la participación –casi imperceptible, si comparamos el dato entre elecciones del mismo tipo– no es un fenómeno que esté poniendo en evidencia el deterioro del sistema democrático sino, muy probablemente, todo lo contrario.
La democracia en Salta tiene miles de defectos y, para una mayoría de fuerzas políticas, mejorar, en términos de justicia, de libertad y de calidad institucional, es un desafío todavía pendiente.
Entre estos defectos destaca la antigüedad y el carácter marcadamente mecánico del sistema electoral, que no consigue sentar las bases de una representación adecuada y la aguda disfuncionalidad del sistema de partidos que –en el mejor de los casos– solo nos permite optar, pero no elegir y mucho menos decidir.
Sin embargo, y a pesar de estos problemas, la participación de los ciudadanos en las elecciones, aunque en descenso, no parece ser algo por lo que debamos preocuparnos.
Seguramente habrá en el futuro elecciones más interesantes en las que el ciudadano pueda percibir que se decide «algo».
Sacar conclusiones catastróficas por un 3% de retroceso es una forma de contribuir a una errónea percepción de nuestros principales problemas políticos.
