Amague y no recule
El mandatario probablemente había cerrado 2022 sumido en el abatimiento, tras los comentarios de su gran electora y vicepresidenta, quien en su último discurso del año, en Avellaneda, se refirió con sorna a “la agrupación política a la que yo llamo amague y recule”. Se trataba, sin dudas, de un alfierazo destinado a él y aludía a que Fernández, tras una declaración áspera (aunque ambigua) en la que parecía rechazar el cumplimiento del fallo cautelar de la Corte que ordena al gobierno nacional liquidar diariamente 2,9 por ciento de los fondos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, pasó en pocas horas a asegurar que aceptaría pagar, pero que lo haría en bonos.La ironía de aquella frase se potencia, sin embargo, si por un momento se la aplica a la propia vicepresidenta. Porque ella, que apenas unos días antes había asegurado ante un micrófono y ante su público que el año próximo no sería “candidata a nada” y había alentado así (sin desmentirlo) a que se hablara de su renunciamiento, en Avellaneda reescribió el relato y culpó a los intérpretes: “Desde un lado empezaron a hablar del renunciamiento de Cristina y después veo en otros diarios que hablan de la autoexclusión. Miren –afirmó-, el único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón y acá tampoco hay autoexclusión (…) Ni renunciamiento, ni autoexclusión: proscripción”. Ella también: del amague al recule. La señora borra con el codo de la denuncia lo que había expresado espontáneamente con su enojo, al reaccionar ante la condena judicial que la encontró culpable en el “caso Vialidad”.
Pero, si es cierto que el Tribunal Oral que la juzgó dictaminó su “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos”, esa sentencia no está todavía en vigencia y no tendrá aplicación efectiva hasta que no se encuentre firme, es decir, hasta que no se pronuncien las dos instancias de alzada (la última, la Corte Suprema) que la señora tiene a su disposición. Si no se presentara sería, pues, por decisión propia que, como suele ocurrir, está determinada no sólo por su voluntad sino por la de su fuerza política, sus aliados y, por cierto, por la mayor o menor aceptación que su nombre ejerza entre los votantes y en los sectores que influyen sobre la marcha de los gobiernos. La señora no está proscripta, pero sin duda es resistida por una amplia porción de la opinión pública y también por una proporción significativa de los llamados “poderes fácticos”. Muy probablemente ella le esa resistencia como una proscripción. No lo es.
Patos rengos y muletas
El proyecto de enjuiciar al Tribunal Superior está concebido como una muleta para disimular malos pasos. Y aunque se trata de un proceso condenado a fracasar en su pretensión punitiva, la Casa Rosada y quienes la acompañan en esta aventura están decididos a seguir adelante porque para ellos en el trámite está el castigo. Aunque no les dan los números para condenar a los supremos, la mayoría que tienen en la Comisión de Juicio Político sí les permite iniciar un procedimiento extenso y desarrollar cierta capacidad de erosión sobre los jueces en particular y sobre el alto cuerpo que el kirchnerismo quiere (y recurrentemente no puede) desmantelar. También sobre otros personajes concebidos como enemigos. “Vamos a hacer un show más extenso y escandaloso que el que montó el fiscal Luciani contra Cristina”, se regocija un cristinista ferviente. Desde el Congreso lo confirma el diputado Leopoldo Moreau: “La comisión tiene amplias facultades. Por supuesto que puede citar a los jueces, se pueden pedir medidas de prueba, medidas documentales, se pueden pedir peritajes de aparatos electrónicos; a través de un juez federal se puede allanar. Se puede llevar a un testigo por la fuerza pública si es que se niega a presentarse”.Por cierto, es difícil que este trámite consiga el mismo poder de fuego mediático que acompañó al fiscal Luciani. La prensa cristinista tiene un lectorado menos numeroso que la del lado opuesto.
El enfrentamiento con la Corte hace ruido también en el ámbito económico. Mientras el ministro Sergio Massa se empeña en vender confiabilidad ante interlocutores externos e inversores, las máximas autoridades formales se lanzan a una guerra contra la Justicia.
Un programa de espías
La idea de confrontar con la Corte es antigua, pero se actualizó dramáticamente después de la condena de la vicepresidenta y a partir de la decisión del Alto Tribunal que admitió el recurso cautelar presentado por el gobierno porteño y revirtió el recorte unilateral de recursos resuelto por el Presidente en beneficio del gobierno bonaerense. El misterioso viaje de un grupo formado por jueces federales , fiscales, funcionarios porteños, agentes de inteligencia y altos directivos del grupo Clarín a la residencia patagónica que posee el empresario británico John Lewis en Lago Escondido ofreció la oportunidad. El hecho, denunciado judicialmente en octubre por un particular, pero sólo tuvo eco periodístico cuando alguien hackeó un intercambio de mensajes del grupo de viajeros a través de la red social Telegram. En esa conversación virtual, los integrantes del grupo deliberaban sobre cómo enmascarar el viaje, en principio para evitar que los magistrados pudieran ser imputados por aceptación de dádivas, pero también para eludir la difusión y el riesgo eventual (relativo, porque las espaldas parecían bien guardadas en ese sentido) de un escándalo mediático.Un blanco importante de aquel pirateo informático fue el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, aunque los efectos de esa operación –ilegal, pero políticamente eficaz- fueron más amplios: incrementaron (con justicia o sin ella) la suspicacia pública sobre la existencia de ámbitos herméticos de elaboración de decisiones políticas o económicas estructurados para eludir el control democrático.
¿Juzgar a los jueces?
El tema de las escuchas ilegales obviamente se judicializó, y el método oficialista para neutralizar esa denuncia tanto como para combatir fallos negativos consiste en arremeter contra la Justicia. La Casa Rosada amagó una resistencia a la cautelar de la Corte para después recular oblicuamente, ofreciendo cumplir con bonos y no con efectivo.La vicepresidenta, por su parte, resiste la conformación del Consejo de la Magistratura con el diseño amparado por el Tribunal Superior, que, además, calificó de ardid la división extemporánea del bloque oficialista de senadores en dos fragmentos destinada a adjudicarse un representante extra en el organismo a expensas del que reclama Juntos por el Cambio.
En ese contexto, el guión de los acontecimientos reincide ahora en el espionaje: aparecen más mensajes ligados al sitio del ministro de Seguridad porteño. En esos intercambios, D’Alessandro aparece en contacto estrecho con el principal colaborador del presidente de la Corte en charlas que parecen un asesoramiento de éste a la oposición en relación con las pugnas en el Consejo de la Magistratura; también aparecen conversaciones con empresarios que tienen negocios con la administración porteña y algunas frases singulares que aluden al Jefe de Gobierno.
Hágalo usted mismo
La oposición no consigue emerger del aturdimiento que le provocan los hackeos informativos. Alguna interpretación del lado cristinista adjudica la divulgación de diálogos comprometidos a la encrespada interna de Juntos por el Cambio (con epicentro en el Pro). María Eugenia Vidal se refirió con franco disgusto a esa interna que incluye –dijo- “enfrentamientos en público, definiendo al otro por su peor atributo por una cuestión táctica”. Lo único que se logra –apuntó autocríticamente- “es alejarnos de la gente”.Desde el oficialismo, Horacio Verbitsky, informó que “en el gobierno porteño,(Patricia) Bullrich es la principal sospechosa por la filtración de los chats, pero no la única, dada la compleja trama de intereses y negocios que giraban en torno de D’Alessandro”.
Estrenando la casaca del equipo de Larreta (tras abandonar la del team de Bullrich) y convertido en vocero del gobierno porteño, Waldo Wolf declaró esta semana que, en relación con los hackeos y su divulgación: “desde el Gobierno de la Ciudad no consideramos que hayan fuerzas internas vinculadas a nuestro espacio, esto es algo que viene de afuera”. No piensen en un hipopótamo. Mientras un sector del Pro despliega la teoría de un cuerpo de inteligencia paralela motorizado y cobijado por el gobierno, con acceso a tecnología muy difícil y cara (le adjudican al general retirado César Milani la conducción de ese equipo, que describen formado por exsubordinados), Wolf aseguró el miércoles en el prime time de TN que la adulteración de mensajes electrónicos es “una cosa sencilla” y que él mismo, “siguiendo un instructivo de You Tube”, había hecho exitosamente la prueba: tomó un mensaje ya existente y lo editó, agregando una frase que no estaba en el original. Ante el estupor del periodista que lo contemplaba, que quizás por eso no atinó a formularle preguntas, el flamante vocero del gobierno porteño mostró el procedimiento en cámara: “Es fácil, para adolescentes, para colegiales”.
¿Cómo interpretar la didáctica explicación de Wolf? ¿Estaba refutando la idea de que se requiere una tecnología supersofisticada y una operación casi militar? Los relatos de la grieta –los de un lado y los del otro- pueden albergar sorpresas simpáticas o indescifrables.
