El acelerador de partículas de la política de Salta

Pocos saben que se ha tratado de un experimento al que voluntariamente he decidido ponerle fin hace ya casi dos meses, no porque esté plenamente satisfecho con los resultados obtenidos, sino más bien porque ha descendido lentamente sobre mí la convicción de haber cumplido razonablemente con mi responsabilidad cívica de aportar a la vida en común de aquellos con los que comparto origen aunque no destino. I had my say.

Pero como es inevitable referirse a los resultados, tengo que decir que durante este tiempo, en el que he escrito tres libros, he publicado cientos de artículos de opinión, y he tenido la suerte de ser escuchado (no con la profundidad que a mí me hubiera gustado) por salteños y salteñas de casi todas las condiciones, en su mayoría bienintencionados, tengo que decir que me siento satisfecho del esfuerzo y también de los logros, aunque más de uno pretenda negarlos o quitarles importancia diciendo que han sido mínimos.

Pienso que algo hemos avanzado y la prueba más palpable de este tímido progreso es que nuestros dos gobernadores políticamente más longevos, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, son hoy (o por lo menos aparentan ser) más moderados o cautelosos de lo que lo fueron cuando les tocó ejercer el poder. El principal beneficiario de este lento pero inevitable proceso es el actual Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz.

A la edad que tengo yo y a la que tienen ellos, será muy difícil ya que nos pongamos de acuerdo en algo; pero creo que es muy bueno saber que, de alguna manera, ellos han incorporado silenciosamente a su discurso (y tal vez a sus prácticas) ideas que no encontraron precisamente en algún rincón remoto de sus extensas propiedades, sino en un espacio más amplio y menos contaminado que es aquel por donde circulan libremente los pensamientos que pueden hacernos mejores.

Tengo que admitir que ha sido para mí muy estimulante, en lo personal, comprobar que muchas de mis ideas (especialmente las más simples) han sido reproducidas (a veces literalmente) o adaptadas por personas con las que jamás he tenido la más mínima afinidad personal o ideológica. Que no mencionen mi nombre es algo que no me preocupa en absoluto, pues la mezquindad y el orgullo atolondrado son dos de las señas de identidad de aquellos que pueblan nuestra tierra. Yo también cargo con mis operías a cuestas.

En este periodo también se ha revalorizado de forma notable nuestra Constitución provincial, y no precisamente por su reforma, sino, quizá, por la resistencia opuesta por algunos sectores a la reforma propuesta y perpetrada por el gobierno. Ha sido para mí muy bueno saber que, después de la acción popular de inconstitucionalidad contra la ley 8239, valientemente ejercida en nombre de todos los salteños y salteñas por un ciudadano cabal y honrado como el doctor Edmundo Falú, un grupo de profesionales de las ciencias económicas ha demandado ante los tribunales de justicia la inconstitucionalidad de la designación de dos miembros de la Auditoría General de la Provincia, al haber sido tramitada a través de un procedimiento contrario al establecido por el nuevo artículo 169 de la Constitución.

La Corte de Justicia de Salta ha experimentado cambios importantes en el mismo periodo (el aumento de sus miembros, un mayor equilibrio entre hombres y mujeres, la división en salas, el recambio en la presidencia, el ingreso de nuevos jueces, etc.). Pero aunque estemos lejos de un sistema judicial homologable al de los países más avanzados, no cabe duda de que se ha puesto en marcha un proceso bastante serio de revisión y examen de nuestras prácticas judiciales más tradicionales.

Aun aquellos que entienden a la justicia como un «servicio público», piensan hoy con criterios un poco más amplios y, por lo menos en el plano de las intenciones, proclaman que el Poder Judicial es -como debe ser- el último refugio de los derechos fundamentales y las libertades individuales de todos los ciudadanos de Salta. Aunque el poder político (tanto el visible e institucionalizado como el invisible e informal) ejerzan todavía un enorme ascendiente sobre los que adoptan las decisiones judiciales, casi ningún juez o jueza de Salta desea exponerse ya a la censura política de parte de unos ciudadanos que, cada vez con mayor intensidad y mejores argumentos, demandan imparcialidad, neutralidad política, apego a la Ley y respeto absoluto por los mecanismos del Estado de Derecho.

Queda mucho por hacer en las materias parlamentaria, electoral y partidaria. En estos terrenos el caos todavía es apreciable. Pero, a la vista de lo que se ha logrado en los últimos cinco años, se puede decir sin temor al error o al ridículo que se ha puesto en marcha en Salta el acelerador de partículas de la política. Será difícil que venga algún trasnochado y pise el freno.

Nos enfrentaremos a turbulencias y a retrocesos, como en cualquier otro proceso en el que intervienen seres humanos, pero creo, con una mezcla de fe y de convicción racional, que la política de Salta ha entrado en otra fase; una en la que el protagonismo de los ciudadanos individuales y de organizaciones hasta hace poco despreciadas y ninguneadas por los ocasionales detentadores del poder se acentúa y en la que decrece proporcionalmente la influencia de aquellos que, para sobrevivir, necesitan rebuscar ideas en el ecosistema conformado por ciudadanos libres, a los que no mencionan ni reconocen, pero que cada vez están más atentos a todo lo que pasa a su alrededor.