Atrapados en esa confusión, en Salta hemos elevado a la categoría de «héroes civiles» a una cantidad bastante apreciable de personas que se dedican a actividades socialmente nocivas, que podrán dar de comer a sus familias, pero que no aportan nada a la riqueza común y distan mucho de ser respetuosas con la ley.
No entiendo por ejemplo que se considere «intocables» a los bagayeros y que cualquier solución a los problemas de inseguridad y crimen en la frontera deba estar condicionada a la preservación de sus «fuentes de trabajo».
Tampoco entiendo que cuando se le cuelga a alguien la etiqueta de «humilde», automáticamente se le autorice a violar la ley. Entre los efectos perversos de esta «humillación colectiva» figura el que mucha gente se disfraza de «humilde» para poder escapar a los mandatos de la ley y las normas de la convivencia. Muchos «bagayeros» y «trapitos» disponen de una enorme cantidad de recursos, muchos más que algunas personas honradas que viven sacrificadamente de un trabajo decente.
El Diccionario de la lengua que hablamos dice que bagayero es «contrabandista», así, sin ningún tipo de matizaciones. Es decir que bagayero/a es un señor o una señora que encaja perfectamente en los tipos penales de los artículos 863 a 867 del Código Aduanero nacional (ley 22.415).
La tolerancia administrativa a los pequeños trapicheos transfronterizos no resta ni un ápice de inmoralidad a esta actividad. El «bagayeo» no es una actividad saludable ni socialmente loable, no solo porque destruye el comercio legal a uno y otro lado de la frontera, sino porque, por debajo y por detrás de él, se cuelan otro tipo de actividades ilegales que serían bastante fáciles de controlar si el «bagayeo» no existiera.
No entiendo, pues, que se intente perseguir a los criminales (narcotraficantes, sicarios y grandes contrabandistas) manteniendo intacta la protección a los bagayeros y a sus «fuentes de trabajo». A la hora de combatir a los que transgreden la ley no podemos hacer diferencias «buenistas».
Tres cuartos de lo mismo sucede con los «trapitos», que plantean a la sociedad otro tipo de extorsión, tanto o más dañina que el tráfico transfronterizo ilegal.
Desgraciadamente, la política no proporciona los mejores ejemplos. ¿Qué diferencia hay entre un tipo que te pide dinero para «cuidarte el auto» (lo que supone que no te lo va a destruir mientras estás sentado en un restaurante) y otro que monta webs fantasmas para insultar al Gobernador de la Provincia con la esperanza de sacarle dinero de la publicidad oficial?
A veces, la frontera entre los «trapitos» y los «permisionarios» es muy difícil de distinguir, puesto que así como hay cobradores del estacionamiento abnegados y honrados, hay quienes hacen exactamente lo mismo que los «trapitos» y dañan los vehículos de aquellos que se niegan a pagar. La única diferencia es que unos portan un talonario y otros no.
Los últimos héroes civiles en Salta son los nafteros. ¿Por qué no puede morir su oficio? ¿Son tan poco inteligentes que no pueden dedicarse a otra cosa? No recuerdo que el gremio de encendedor de faroles se hubiera puesto en pie de guerra cuando llegó el alumbrado público eléctrico. Tampoco en su momento montaron un escándalo los operadores de las centrales telefónicas manuales, los cortadores de hielo, los que picaban los boletos en los tranvías o los fotógrafos de las plazas.
El progreso hace desaparecer unos oficios y crea otros. Pero hay quienes se empeñan en resistir al progreso, como Stalin, que se opuso al proyecto de Trotski de extender el teléfono a toda la Unión Soviética con el argumento de que iba a «matar a la revolución».
Pero entre la ineluctabilidad del progreso y el cumplimiento de la ley hay algunas diferencias. Los «bagayeros» y los «trapitos», sin embargo, desafían a ambos. La sociedad que los protege es cómplice de sus fechorías.
