Sin embargo, por mucha incomodidad que aquellas opiniones y propuestas puedan llegar a producir, por muy extravagantes que sean, pienso que las reacciones de condena que se han sucedido sin parar -a pesar de su virtual unanimidad- son un poco exageradas. Básicamente lo son, porque creo que -equivocadamente- se atribuye a aquellas opiniones y propuestas una importancia de la que, a mi juicio, objetivamente carecen.
Creo que quienes han reaccionado contra estas propuestas tan alocadas se han pasado por alto lo más grave -que, insisto, no por ser grave es auténticamente importante- y esto es que las mentadas «comisiones investigadoras» no solo tendrían la misión de esclarecer los hechos (es decir, de hacer resplandecer la verdad) sino también la capacidad y el poder de sancionar los comportamientos desviados. ¡Vaya, por Dios!
Creo que solo ha faltado decir que entre estas sanciones correspondería contemplar la pena de muerte, felizmente expulsada de nuestro Ordenamiento desde hace bastante tiempo, pero a la que algunos, evidentemente, todavía miran con cariño.
La propuesta de «comisiones especiales independientes y externas», con competencias «sancionadoras», no debe ser contemplada tanto como una herejía constitucional (como he leído por ahí) sino más bien como un significativo retroceso civilizatorio. Para mí es una especie de claudicación derrotista de nuestra precaria -pero, aun así, respetable- cultura jurídica. Comporta un regreso a la discrecionalidad y al autoritarismo característicos de las dictaduras militares.
La desconfianza hacia la institución judicial, por su falta de independencia respecto del poder político, por su bajo nivel de eficacia y por su desconexión de los procesos sociales, no es, ni mucho menos, nueva. Pensamos, con cierta ingenuidad, que de la independencia judicial deben ocuparse exclusivamente los jueces y los fiscales, y que su eficiencia institucional depende exclusivamente de ellos.
Pero el de la independencia judicial es más un objetivo social que una aspiración política y, por tanto, es deber de todos comprometernos con esta meta. Los primeros, sin dudas, nosotros los abogados.
Los abogados somos justamente los menos indicados para mirar el fenómeno desde fuera, con aséptica distancia; sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de letrados (algunos de ellos muy conocidos) que guardan en su teléfono celular una abultada lista de contactos políticos, y que intentan (y muchas veces consiguen) torcer el resultado de los pleitos mediante un efectivo e inteligente despliegue de influencias.
A mi modesto entender, para el adecuado funcionamiento de las instituciones, importa realmente poco si los fiscales son valientes o cobardes. Cuando juran sus cargos, a ellos se les exige observar la Constitución y la Ley, no que ejerzan su oficio como émulos del héroe gaucho; es decir, que derrochen coraje o que salgan disparados de la baticueva cada vez que escuchan la batiseñal.
¿Que todo es política en Salta? Podemos estar de acuerdo con esa afirmación; pero yo diría, mejor, que «casi todo» lo es, y añadiría también que no parece del todo malo que lo sea.
La designación política de los jueces está directamente relacionada con la potestad que tiene cualquier juez letrado de la Provincia de declarar la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, que es una facultad política, no jurisdiccional. El poder político no puede, por consiguiente, desentenderse del nombramiento de los jueces. Sería una irresponsabilidad mayúscula que lo hiciera. Otra cosa muy diferente, por supuesto, es que los jueces levanten el teléfono antes de pronunciar una sentencia. Pero para que esto no ocurra no solo hay que trabajar en un solo lado del teléfono, sino en los dos.
No creo, sin embargo, que nadie pueda cuestionar la transparencia y ecuanimidad de los procedimientos del Consejo de la Magistratura de Salta sin haberse acercado ni una sola vez a ver cómo funciona este órgano. Porque sospechar, puede sospechar cualquiera; pero a un abogado que duda del funcionamiento del Consejo de la Magistratura se le exige, como mínimo, que aporte pruebas concretas de un apartamiento de la Ley; es decir, que no se limite a pedir una auditoría externa (y extraprovincial) como si se tratara de la asamblea de socios de Juventud Antoniana, colocando por encima de un órgano independiente creado por nuestra Constitución a un órgano fantasma que la propia Constitución no ha previsto y vaya a saber uno quién decide cómo estará integrado.
Dicho todo lo anterior, creo que tanto la crisis de credibilidad y eficacia de la institución judicial (en la que lógicamente incluyo a los fiscales), como el combate al crimen organizado, lo que necesitan no son reacciones histéricas en forma de despliegue de tropas o creación de «comisiones especiales independientes y externas» sino un programa continuo de fortalecimiento institucional, que, al contrario de la opinión que he escuchado, tiene que ser formulado y ejecutado desde la política. No desde fuera de ella.
Permítaseme decir que la pretensión de «despolitizar» casi todo lo que se mueve es fundamentalmente totalitaria. Extirpar la política de nuestras prácticas sociales comporta, para empezar, archivar la democracia, que tanto ha costado conseguir. Sustituir las instituciones democráticas por «comisiones especiales» es lo que hacían las juntas militares con lujo de desprecio hacia las libertades ciudadanas.
Nuestra sociedad no necesita tanto reducir el ámbito de acción de la política como mejorar su calidad y hacerlo de forma continua. El relanzamiento de la calidad de la política es lo único que puede contribuir a erigir y mantener instituciones fuertes y resilientes.
Nada de esto se logra proponiendo comisiones sancionadoras ad hoc, ni reaccionando con ferocidad maternal cuando alguien pone en entredicho el buen funcionamiento de tal o cual institución.
