Estas afirmaciones contienen, por lo menos, dos errores muy graves, cuya gravedad es si acaso más preocupante si tenemos en cuenta la alta responsabilidad institucional de quien los ha cometido.
Entender al Poder Judicial como una «agencia» contribuye a rebajar el elevado papel institucional del Poder Judicial y fomenta una idea distorsionada de los mecanismos jurisdiccionales, que en ningún caso se pueden asimilar a un servicio público de naturaleza prestacional, toda vez que los que en nuestro sistema político a los tribunales ordinarios se les ha encargado la misión de proteger los derechos subjetivos.
Tan grave como lo anterior, es diferenciar entre «Presidente, Vicepresidente y ciudadanos», como si se tratara de tres categorías diferentes.
El artículo 87 de la Constitución argentina establece con toda claridad que «el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina"».
Probablemente lo que mejor define la esencia de la república y la distingue de las monarquías es que, en las repúblicas, el vértice del poder está ocupado por un ciudadano exactamente igual a los demás y elegido por quienes son exactamente iguales a él.
De allí que sorprenderse porque la justicia funcione «mal» tanto para el ciudadano presidente, como para la ciudadana vicepresidenta o para cualquier otro ciudadano que no ostente estos títulos es sorprenderse de que la igualdad republicana funcione hasta en lo malo.
Ahora bien: si los ciudadanos sin títulos ni cargos muy poco pueden hacer para mejorar el funcionamiento de la justicia, aquellos que tienen el título de Presidente o Vicepresidente de la Nación pueden hacer mucho más para mejorar las cosas.
La primera contribución -la fundamental- consiste en no mirar ni calificar a la justicia como un «servicio»; la segunda es considerar que todos somos iguales, y que, en la república que hemos creado para vivir, ni el Presidente ni la Vicepresidente portan corona ni por sus venas corre sangre azul.
