En primer lugar, se debe recordar que, según el Diccionario, «instar» significa apretar o urgir la pronta ejecución de algo. Es decir que la declaración aprobada por los diputados salteños es muy poco respetuosa de la libertad y la independencia de criterio de los legisladores nacionales, que, habría que recordar, no son empleados ni subordinados ni mandatarios de la Legislatura provincial.
En tercer lugar, ¿qué es eso de rechazar «de manera comprometida»? ¿Es que hay un rechazo comprometido y otro rechazo «casual», así sin pensárselo mucho? Es una falta de respeto suponer que, a la hora de votar, un legislador nacional puede hacerlo «sin compromiso».
En cuarto lugar, habría que pensar en las consecuencias políticas de la inobservancia, por parte de los legisladores nacionales, del «apriete» de los diputados provinciales. ¿Les van a revocar el mandato? ¿Van a votar otra declaración enviándolos al infierno?
Si la diputada nacional Pamela Calletti (por citar un caso) no tiene problemas en votar la ley de la boleta única de papel en el Congreso Nacional y apoyar al mismo tiempo el voto electrónico en la provincia que la ha elegido, sin ningún tipo de consecuencias ni políticas ni morales, ¿por qué tendríamos que criticarla porque vote una cosa o la otra en materia de financiamiento universitario? ¡Que vote lo que quiera! Luego ella se arreglará con su conciencia... si es que la tiene.
Respetar el federalismo no solo es llorar a moco tendido para que nos devuelvan las obras arrebatadas o para que desbloqueen los cheques que ahora se guarda Caputo en el bolsillo de atrás. Federalismo es también respetar las atribuciones exclusivas de los poderes federales y no inmiscuirse arbitrariamente en ellas, ni siquiera por medio de «declaraciones altisonantes», que además de oportunistas son claramente populistas.
Simplemente, los diputados provinciales de Salta no tienen vela en este entierro y no se ve por ningún lado a nadie que quiera darle una.
La Legislatura de Salta, lo mismo que los concejos deliberantes municipales, están para legislar y no para opinar, ni sobre la guerra en Ucrania, los bombardeos al Líbano, el huracán Milton o la vacuna contra el dengue. Su trabajo consiste en convertir sus opiniones en normas jurídicas obligatorias y no parece que estuvieran muy entusiasmados en cumplir con lo que se les ha encomendado.
Y si no son capaces de legislar, porque no tienen fuerza, porque carecen de inteligencia o simplemente porque no tienen competencias en la materia, lo mejor es que permanezcan callados o, como se dice en Salta, «se llamen a silencio».
