Desde algunas instituciones del Estado se intenta instalar la idea de que la ludopatía es un delito, cuando, en realidad, se trata de una enfermedad que se puede prevenir y curar, sin recurrir, por supuesto, al Derecho Penal, que nada cura, sino todo lo contrario.
Sobre el discurso estatal contra la ludopatía o los juegos de azar ilegales (no delictivos, sino simplemente no autorizados por el gobierno) planea la sospecha de que muchas casas de apuestas -especialmente las que funcionan a través de plataformas informáticas y tienen su sede fuera del territorio- no cuentan con el beneplácito de la autoridad de aplicación, no por la perversidad de su sistema o su capacidad de generar adicciones, sino simplemente porque las empresas que las explotan no contribuyen con dinero contante y sonante a las pingües arcas del Ente Regulador de los Juegos de Azar de Salta.
Es muy cierto que la ludopatía es mucho más grave y preocupante en personas que no tienen aún capacidad legal para contratar; pero, aunque su gravedad es menor, la ludopatía de adultos es un asunto del que también se tiene que ocupar el Estado y sin embargo no lo hace.
Partiendo de la base de que la ludopatía es, claramente, una enfermedad (hablamos de un trastorno reconocido por la Asociación de Psiquiatría Americana en 1980 y por la Organización Mundial de la Salud en su clasificación internacional de enfermedades del año 1992), no se entiende muy bien que la autoridad que en Salta parece liderar su combate sea el Ministerio Público Fiscal, encargado por ley de perseguir los delitos.
¿Qué hace entonces el ministro de Salud Pública? ¿Se ocupa él de los robos y hurtos en el barrio Solidaridad?
Por otro lado, el juego ilegal no se puede combatir de la misma forma y con los mismos criterios cuando quienes lo explotan de forma clandestina pertenecen a una organización mafiosa y abiertamente delictiva que cuando se trata de juegos simplemente no reconocidos ni autorizados por el gobierno local.
Del mismo modo, no se puede castigar con idéntico rigor a quien promociona o alienta la participación de terceros en el primer tipo de juegos que en el segundo.
En Salta parece que no se tiene en cuenta que no todas las personas que juegan o apuestan desarrollan una adicción al juego, del mismo modo que no todas las personas que beben termina siendo alcohólicas; ni todas las personas que utilizan un teléfono celular terminan desarrollando una dependencia muy poco saludable del dispositivo.
Tampoco parece advertirse -al menos no con la necesaria seriedad- que en los casos de juego patológico suele producirse un efecto dominó que afecta a todas las áreas en que se desarrolla normalmente la vida de un individuo: pareja, familia, escuela, trabajo y entono social.
No se puede reaccionar frente a este fenómeno tan complejo y disgregador anteponiendo el castigo penal a cualquier otra medida. A pesar de que un recordado ministro de Seguridad intentó atajar la pandemia del COVID-19 a palos, el fracaso de la represión fue entonces notable y expuso a Salta a un ridículo internacional.
Ni aun clausurando todos los sitios de apuestas (físicos o digitales, legales o ilegales) y encarcelando a sus responsables se conseguirá acabar con las apuestas por dinero, que causan estragos en las personas y las familias desde hace siglos en casi todas las civilizaciones.
Si bien el trabajo de los fiscales es respetable, lo que se necesita en Salta son más médicos y más especialistas en este tipo de adicciones y no más fiscales.
Y se necesita también una autoridad reguladora de los juegos de azar que no reparta anatemas selectivos en función de sus propias necesidades de caja y que comprenda, por fin, que la actividad que controla, más que afectar a la moralidad de la sociedad o a la integridad patrimonial de las personas y las familias, proyecta muy graves peligros sobre la salud de los seres humanos.
