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  • Un hueco imposible de llenar
  • El Gobernador de Salta se ha limitado a decir en una entrevista lo que una enorme mayoría de argentinos piensa, siente y desea: que la defensa del federalismo es «innegociable e irrenunciable».
José Luis Espert, diputado nacional
José Luis Espert, diputado nacional

La convencida y respetuosa afirmación del mandatario salteño tuvo por objeto salir al paso de la más prepotente y mucho menos diplomática declaración del gobierno nacional que dijo que «el equilibrio fiscal es innegociable» y que la culpa de que el país esté «desequilibrado» es de los gobernadores de provincia.



Pero, después de la valiente respuesta de Gustavo Sáenz, ha reaccionado y lo ha hecho por boca de uno de sus portavoces menos prudentes y, desde luego, uno de los menos preparados: el diputado nacional José Luis Espert, el bulldog de las fuerzas progubernamentales en el Congreso de la Nación.


Espert ha dicho en Twitter: Perfecto entonces gobernador @GustavoSaenzOK Salta recibe de coparticipación mucho más de lo que aporta. Devuelva la diferencia, baje el gasto público y cóbrele impuestos a los salteños. Ese es el verdadero federalismo. Autonomía para gastar... y recaudar.

Aunque el autor de esta respuesta no se lo haya propuesto en absoluto, sus apresurados juicios y el tono desconsiderado que emplea con el Gobernador de Salta, revelan, casi sin esfuerzo, no solo su nivel intelectual y su cultura política, sino sus rústicos orígenes.

De estas palabras tan destempladas y reñidas con la historia, solo se puede inferir que quien las ha escrito piensa realmente en la coparticipación federal de impuestos como en una herramienta de control que el Estado nacional utiliza para dispensar premios y castigos, y no con los objetivos de equidad y solidaridad interterritorial previstos en el tercer párrafo del inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

El Estado federal forma sus recursos con el esfuerzo productivo de las provincias, puesto que, en una proporción enorme, la actividad económica está localizada en los territorios federados y no en los federalizados, que nada producen.

Si en virtud de la distribución primaria es el Estado federal el que se apropia de la mayor parte de los impuestos recaudados a través del mecanismo coparticipativo, es porque quien «gasta mal» es el Estado federal. El gobierno nacional quiere recortar a las provincias, porque el nivel de recaudación actual «no le alcanza» para sus propios gastos.

Puede que las provincias tampoco gasten bien, pero al menos producen riqueza, lo que no hace el Estado federal, que apenas si tiene territorio, aunque presuma de productividad, de desarrollo y prosperidad; aunque presuma de un mayor nivel educativo. Si solo tuviéramos que juzgar al Estado federal por los modales de Espert, desde luego se podría decir que el deterioro de la educación ha hecho estragos mucho más desastrosos en esa clase de personas que trata al argentino periférico como un ciudadano de segunda.

Cuando la Constitución nacional dice que la coparticipación de impuestos «dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional», no quiere decir otra cosa que los territorios con un mayor nivel de desarrollo deben contribuir, mediante la distribución secundaria, a auxiliar a los territorios menos desarrollados o en donde la calidad de vida es menor. No hay escapatoria posible a esta contribución, y el gobierno central no puede utilizar la coparticipación federal para «disciplinar» a las provincias, ni en materia fiscal, ni en materia económica, ni en materia política.

No hay, por tanto, ninguna obligación de devolver la diferencia entre lo producido y lo ingresado por coparticipación federal, como temerariamente sostiene el diputado Espert. No hay ninguna disposición constitucional que obligue a los gobernadores a bajar el gasto público, y desde luego, desde posiciones supuestamente libertarias no se puede sugerir a un Gobernador que suba los impuestos. Es manifiestamente contradictorio y, por lo que he dicho antes del nivel educativo de unos y otros, no se puede dar por seguro que el centro «gasta bien» y la periferia sea la principal enemiga del «equilibrio».

Si Espert piensa realmente lo que ha dicho, ¿por qué no le ha ofrecido al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires (contribuyente neto del sistema) devolverle la diferencia entre lo producido y lo recaudado y, al contrario, le ha pedido también que cobre menos dinero?

Del tuit de Espert parece desprenderse también que los recursos de la coparticipación federal que percibe Salta son una especie de ayuda graciosa de otros argentinos (especialmente los porteños) «que pagan impuestos», como si los salteños no pagaran los mismos impuestos coparticipables y como si su esfuerzo solidario no contribuyera también al desarrollo de otros territorios desfavorecidos.

La masa coparticipable se integra también con impuestos que pagan los salteños y que evidentemente se «gastan mal» por quienes se llevan la parte del león en la distribución primaria. ¿A quién echamos la culpa entonces?

La Constitución nacional argentina (en el segundo párrafo del inciso 2 de su artículo 75) establece con bastante claridad el principio/garantía de la automaticidad en la remisión de los fondos. Quien debe «remitir» es quien recauda y, en opinión de quien suscribe, al hacerlo no está de ningún modo legitimado para «ajustar cuentas» con las provincias destinatarias, por deudas o incumplimientos; ni siquiera por «indisciplina» fiscal.

Bien es verdad que la Constitución habla de ley convenio; pero, en esta materia, los recursos coparticipables (que, insisto, son recursos formados también con el esfuerzo contributivo de los salteños) jamás pueden ser objeto o excusa para una exceptio non adimpleti contractus.

Una cosa que Espert ignora es que la Constitución nacional no señala al Estado federal como árbitro del federalismo, ni como tutor de sus mecanismos. Sencillamente la Constitución le impide arrogarse el papel de big brother. Nadie se lo ha dado.

El Estado federal existe porque las provincias se han decidido a erigirlo y no para que se vuelva en contra de ellas, y menos con la excusa del «equilibrio fiscal». Y esto es lo que está sucediendo, lamentablemente.

Pero como en todas las cosas malas que pasan en la política siempre hay algo bueno para rescatar, de este cruce entre «federalistas» y «campeones de la responsabilidad fiscal» nos quedamos con la tranquilizadora sensación de que debajo de la reluciente calva de Espert solo hay un gigantesco hueco cuya oquedad el dueño de la azotea pretende llenar con improperios y adjetivos agresivos. A veces es necesario tener algo de razón y un mínimo de argumentos.



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