Dejando a un lado el razonamiento fácil de que Gustavo Sáenz debería procurar ser «menos poderoso» y plantearse ser «más eficiente», se podría decir, casi sin dudar, que el periodo de cuatro años que se inaugurará el próximo domingo 10 de diciembre es uno de los más críticos para el futuro de los salteños, en casi toda su historia.
Soy partidario de que una Administración profesionalizada y autónoma se ocupe de los servicios públicos cuya continuidad el gobierno está obligado a asegurar; pero también lo soy de que la política ejecutiva se ocupe solo de aquellos asuntos a los que razonablemente pueda el gobierno darles una respuesta eficiente.
Para todos los demás problemas -allí donde no llega MasterCard- deberían estar la universidades, que, a mi juicio, hoy están más preocupadas por la ideología y por su propia supervivencia que por servir al medio social en que se insertan.
Por más que él quiera -y a veces algunos así se lo sugieran por aquello de la acumulación de poder- el Gobernador no puede ocuparse de todo, porque esto sería lo mismo que no ocuparse de nada. Su poder, diluido en mil asuntos diferentes y de importancia desigual, es decididamente menos poder. El poder del Estado, el que ejerce el Gobernador en su más alta expresión, debe usarse para asuntos importantes y para satisfacer el interés general.
Es decir; los gobernantes han de aprender a seleccionar los problemas y a asignar prioridades; incluso antes de escoger a sus colaboradores.
Salta tiene muchos problemas muy graves: la pobreza, la desigualdad, la falta de cohesión territorial, el atraso infraestructural, su desconexión con el entorno y su falta de peso específico en la decisiones federales (por solo citar unos cuantos).
Evidentemente, el gobernador Sáenz debería lidiar con todos ellos e intentar hallarles una solucción satisfactoria y convincente.
Pero la realidad es que ni Sáenz ni nadie podría con ellos, ni en cuatro ni en cuarenta años. A nuestro Gobernador no le queda más remedio que ocuparse más de unos asuntos que de otros, y no creerse que ha llegado al cargo para ejercer de Dios.
Jamás el Gobernador me ha pedido consejo, pero como sé que de vez en cuando se da una vuelta por estas páginas, me animo a darle una opinión.
Pobreza vs desigualdad
Nunca entenderé que los gobiernos consideren a la pobreza como una tragedia social, o como un retroceso moral, y no vean o no quieran ver que, mientras la pobreza se expande por doquier, los ricos del lugar son cada vez más ricos y que viven cada vez más alejados de los problemas que son comunes a todos.Tal parece -me parece a mí, por lo menos- que el gobierno de Salta está muy contento con el crecimiento de la riqueza de los ricos. Puedo equivocarme.
Pero si la pobreza es inmoral y es normalmente valorada como la claudicación de la sociedad, exactamente lo mismo se puede decir del crecimiento de la riqueza de los ricos y su alarmante concentración en muy pocas manos. Y es inmoral, aun cuando esa mayor riqueza se hubiera obtenido lícitamente, después de haber invertido, arriesgado, innovado, estudiado, etc.
Por tanto, el gran problema que enfrentamos los salteños es la desigualdad y no tanto la pobreza.
El gobierno ha venido atacando mal el segundo problema, pero no ha hecho nada para evitar el primero. Las políticas gubernamentales en materia de minería y de turismo ponen de manifiesto que a los políticos no les preocupa en absoluto que los que ganan mucho dinero dejen atrás a los que no lo ganan. A los gobernantes les fascinan las «vanguardias» y por ello prestan muy poca atención a los «caboose».
No se puede combatir la pobreza asistiendo a los pobres para que sigan siendo pobres por mucho tiempo. Ni aun asistiéndolos «bien». Antes que nada, se ha de ayudarles a salir de la pobreza, procurando sumar sus energías y sus capacidades a la empresa colectiva de crear la riqueza común. No podemos condenarlos ni a la pobreza perpetua ni a ganarse la vida vendiendo pochoclos en la misma esquina durante 60 años.
Sé que esto es muy fácil de decir y muy difícil de llevar a cabo, pero el gobierno sabe perfectamente que con las actuales políticas asistencialistas (incluso las que se llevan a cabo a través de prestaciones y subsidios de sustitución de renta) no ha conseguido sacar a nadie de la pobreza. Los índices no han hecho más que crecer.
En los últimos cuatro años el gobierno provincial ha creído que mejorando las infraestructuras le estaba haciendo un «gran favor» a los pobres. Pero aunque las obras se lleven a cabo en los lugares más desfavorecidos y tengan como destinatarios a una comunidad necesitada, por lo general terminan haciendo la vida más fácil a los poderosos y no tanto a los débiles, lo cual no hace sino ahondar en la desigualdad. Son los poderosos, por lo general, los que se benfician más directamente de las obras públicas, aunque se trate de beneficios medioambientales.
Se podría pensar en hacer pagar más impuestos a los ricos, básicamente para atender las crecientes necesidades de los pobres, pero esta no parece ser la solución óptima.
Si es la innovación o la brecha creciente entre productividad y salario lo que provoca los alarmantes niveles de desigualdad de nuestra sociedad, el gobierno -como no puede frenar la innovación sin provocar un serio perjuicio a la economía, ni aumentar los salarios por decreto para que sigan el ritmo de la productividad- debe procurar que las personas más desfavorecidas, las más vulnerables, accedan a la tecnología en las mejores condiciones posibles.
No se trata solamente -como parece pensar el ministro de Finanzas- de formar competencias en programación o robótica, sino de hacer llegar a los hogares pobres las tecnologías que cambian la vida de las personas. De lo que se trata es de difundir a gran escala (y no solo entre los jóvenes, los hábiles y los instruidos) las tecnologías que son necesarias -ya imprescindibles- para mejorar los medios de vida de las familias pobres y alcanzar por esta vía los objetivos de desarrollo sostenible.
Estos objetivos se pueden alcanzar, bien llevando energía segura, fiable y barata (mini-redes de energía solar, por ejemplo) a lugares remotos, bien equipando a las familias con ordenadores y dispositivos de red, y aun creando en los lugares más alejados centros públicos de producción y teletrabajo de acceso universal equipados con hardware y software mantenidos por el Estado.
Haría falta también que el sistema educativo, tanto en su tramo obligatorio como en el nivel universitario, hicieran los ajustes necesarios para formar en la dirección del cambio tecnológico para darle una mayor importancia a las matemáticas, al razonamiento abstracto, al pensamiento crítico, al juicio y a la creatividad.
Estamos inmersos en una revolución tecnológica profunda que, lamentablemente, está dando signos de refuerzo de su sesgo elitista y excluyente. Atravesamos la fase de despliegue de tecnologías sumamente potentes y de proyecciones desconocidas, como la Inteligencia Artificial, que solo auguran el advenimiento de mayores desigualdades.
Por eso es que el gobierno debe actuar con criterio solidario y no limitarse a construir puentes, a tender cloacas, a repartir bolsones de alimentos o a pagar planes sociales. Se debe intentar no solo que las innovaciones beneficien a la mayor cantidad de personas posible, sino que la mayor cantidad de ellas sea capaz también de innovar y aportar a la creación de riqueza, aunque no sea a través de un puesto de trabajo formal.
Pero si los pobres no tienen qué llevarse a la boca ni con qué pagar la luz o el agua, será difícil que quieran emprender la aventura de la innovación tecnológica, por mucho que ella les prometa cambiarles la vida. Por eso es que el gobierno debería pensar en combatir la desigualdad con una renta básica universal e incondicional que sustituya cualquier otra ayuda social, excepto las prestaciones jubilatorias y la asistencia sanitaria.
No todos podrán salir de la pobreza, desde luego. Pero algo como esto será siempre mejor que esperar a que el cuerno de la abundancia del litio o del turismo «derramen» sobre los más pobres, o confiar en que un puente o un cordón cuneta devolverán la dignidad a quien la ha perdido.
O reducimos las desigualdades y lo hacemos ahora, o dentro de veinticinco años el gobierno de Salta deberá implantar un riguroso apartheid para permitir que por un lado vivan encerrados los afortunados temerosos y por el otro malvivan en el submundo de la infrahumanidad los desplazados y los excluidos, sin mezclarse entre ellos, ni en la Procesión.
Yo solo espero que, si tengo la suerte de ver el amanecer del 10 de diciembre de 2027, cuando Gustavo Sáenz entregue la banda y el bastón a su sucesor (que espero no sea él mismo), la página web oficial del gobierno no informe sobre los kilómetros de carreteras construidos, ni la superficie del techo parchado de las escuelas, ni las toneladas de litio extraídas, ni la ocupación hotelera en los pasados cuatro años, y que, al contrario, nos diga -aunque sean pocos- cuántos salteños han conseguido superar la trampa de la pobreza y acercarse a los que más tienen.
